Álvaro Pop
He leído una copia “Borrador final de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional” que la SESAN ha entregado en versión papel a las representaciones integrantes de la INCOPAS para su revisión y aportes. Está fechado “Julio de 2022”, entregado en agosto 2022 con la salvedad “SESAN Borrador sujeto a cambios por actualización. PROHIBIDA SU DIFUSION, REPRODUCCION O PUBLICACION”. Por este medio me permito aportar en su revisión y aportes.
El documento citado hace un análisis bastante exhaustivo de la legislación internacional y nacional que respaldan la exigencia a los Estados para el cumplimiento universal de los derechos a la alimentación de todas las poblaciones. En este aspecto la Propuesta de los pueblos indígenas para la actualización de la POLSAN, preparada por doce organizaciones de Pueblos Indígenas luego de un dialogo con carácter de consulta nacional realizado en el primer semestre del 2022, pide incluir los compromisos del Estado de Guatemala establecidos en la legislación internacional y nacional sobre los pueblos indígenas y el enfoque intercultural (Declaración Americana, Declaración de UN, Convenio 169, Directrices voluntarias, entre otras).
El documento firmado por la SESAN tiene la virtud de recoger con mucha precisión y exactitud la realidad de la InSAN en Guatemala. Pero es especialmente significativo en reconocer el fracaso de las acciones realizadas en las dos últimas décadas en el país y que el fenómeno de la InSAN impacta y se posiciona especialmente en los municipios de mayoría de pueblos indígenas en las zonas rurales (páginas 16 a la 38, particularmente páginas 30 y 31). La justificación propone armonizarse con el Plan K’atun 2032 reconociendo la prioridad en pueblos indígenas (página 39 final).
En concordancia con las primeras treinta y nueve páginas del “Borrador sujeto a cambios”, para la parte fundamental de la Política sobre InSAN, la Propuestas de los pueblos indígenas recomienda que deberá contener imperativos sobre:
Establecer un diálogo permanente con pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas tienen sistemas de alimentación que pueden ayudar a superar las estadísticas de InSAN. Obviamente el Estado deberá aportar en lo que también necesita la otra mitad de la población: empleo y seguridad social. Pero además acceso a tierras, protección a su disponibilidad de agua en los territorios donde habitan (irónico en un país con tanta disponibilidad hídrica); apertura de mercados y protección a las semillas criollas incluyendo una iniciativa para la protección a la producción indígena del maíz. Para que el dialogo sea permanente, es imperativo apoyar y sostener (financiera y técnicamente) la plena participación de los pueblos indígenas en todos los espacios de gobernanza del sistema SAN. Especialmente en la INCOPAS.
Actualizar la Política y la Ley con enfoque / acciones interculturales que reconozcan los derechos de los PI. Hecho el reconocimiento de una realidad InSAN de pueblos indígenas (especialmente grave en infancia indígena rural menor de cinco años), el contenido de la POLSAN debe ser en esta dirección. En consecuencia, debe priorizar y fortalecer las acciones que contengan con precisión el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y un enfoque intercultural sólidamente desarrollado. Es la histórica necesidad del país y debemos temer cumplirlo.
Creación de la Sub-Secretaria de PI y género. Cuando los temas y los actores son estratégicos para avanzar en las metas nacionales, están plenamente justificados y necesitan de una autoridad que tenga las capacidades de acompañar los cumplimientos. En consecuencia, se vuelve necesario la creación de institucionalidad especializada. No solo para articular los esfuerzos técnicos, financieros y de cooperación internacional en la dirección establecida en la Constitución de la República, la Ley y en la Política SAN, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana y la Declaración de Naciones Unidas, sino también para el involucramiento racional, necesario y oportuno de toda la institucionalidad indígena y de genero del Estado. De esta manera tener toda la capacidad para cumplir con la normativa nacional e internacional aprobada para tal fin. En esta dirección se encuentra el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. De hecho, la política debe priorizar las cuestiones de mujeres (especialmente niñas y mujeres indígenas) dada la magnitud de su responsabilidad en la seguridad alimentaria y nutricional.
Fortalecer y respaldar técnica / financieramente a la INCOPAS. La creación de la Instancia de Consulta y Participación Social es un avance sustantivo dentro de la estructura de gobernanza de SAN y demuestra un espíritu de inclusión y compromiso sustantivo de Estado. Sin embargo, no todas las participaciones tienen las mismas condiciones materiales para una adecuada, oportuna y pertinente participación. Dinámicas de representación, consulta y dialogo permanente que alimenten el compromiso, las tareas de trabajo en las regiones más necesitadas; la comunicación, capacitación y formación en las cuestiones de su materia en dialogo con sus organizaciones y miembros de base en los departamentos son acciones fundamentales. En ese sentido se deberá de dejar de depender de la solidaridad internacional e invertir seriamente en estas cuestiones.
Coordinación permanente con la institucionalidad indígena, especialmente la ALMG y FODIGUA. Existen más de 25 instituciones gubernamentales con mandato para atender a pueblos indígenas. Estas tienen una vinculación natural a los compromisos de la Política SAN. Particularmente cuando el Estado (y la comunidad internacional) reconoce que la InSAN se encuentra afectando especialmente a la infancia indígena en los municipios priorizados. En términos de garantía de ejecución, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas FODIGUA deberá inmediatamente poner en marcha su compromiso de darle seguimiento e informar públicamente de los resultados del “Clasificador presupuestario para pueblos indígenas” en la ejecución del presupuesto de los ministerios y secretarias de la Gran Campaña Nacional para la SAN. Dadas las condiciones multilingües del país y de monolingüismo indígena de los municipios priorizados, es urgente el involucramiento de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala encabezando un programa permanente de información en idiomas indígenas.
“Artículo 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.” Declaración de Naciones Unidas aprobada en Asamblea General en septiembre 2007 el apoyo y la gestión de la Misión de Guatemala ante UN en Nueva York, USA.