Alvaro Pop
Laj ralch’och’ junelik tzeqtananb’il ut neke’ xqab’a’ jo aj muxunel chaqrab’….*
La democracia tiene deudas en su intención de ser un instrumento que ayude a la gente a tener desarrollo. Pero también para tomar decisiones ecuánimes. Es especialmente grave la privatización de los procesos electorales. Excluyente el mercado de la democracia. Pero la experiencia de treinta y seis años (la misma cantidad de años de guerra) en Guatemala nos ha dejado lecciones, dudas y preocupaciones.
En teoría, el valor fundamental del sistema democrático está en el ejercicio de la ciudadanía.
En su construcción permanente como mecanismo de participación (no como civismo, ni tampoco como escalera nacionalista) necesita de la fuerza motora de la acción ciudadana consiente. Ciudadanía es la manera como las personas son arropadas en un colectivo a partir del reconocimiento de su participación, su capacidad de hacer un sistema interactivo y en constante cambio a partir de las necesidades que la sociedad plantea. Deuda fundamental en América Latina.
Los pueblos indígenas lograron colarse hace muy poco a la denominada fiesta democrática que cruzó el continente en los años 80. De puntillas, de colados porque la misma Constitución política 1985 los arrinconó en la Sección III y la clase política hasta la fecha (36 años después) se ha olvidado que firmó el compromiso de crear una Ley específica. Han participado en la democracia elites indígenas, sus pensadores, sus activistas, sus dirigentes luchando por abrir el sistema. Ampliando la base, creando comités cívicos, forjando partidos políticos nuevos. El sistema se ha resistido hasta hoy a la participación pluralista. Hoy solo participan y tienen capacidad ciudadana en la acción de Estado los que tienen recursos para movilizarse, para movilizar a otros, para venderse o vender a otros; para accesar a la información, cuanto más privilegiada mejor; la inmensa mayoría no ciudadana son pobres, mujeres, indígenas y/o rurales.
Además, a los PI el sistema lo discrimina, los criminaliza, los persigue*. Desde siempre. Ver a un dirigente indígena es ver un subversivo (cuarto lugar de listado de países que más asesinan defensores de la naturaleza en el mundo). Ver una pensadora indígena es ver ingobernabilidad. Ver poblaciones indígenas es ver mano de obra esclava. Las propuestas indígenas son vistas y tratadas como insubordinación; la riqueza es para todos, menos para los indígenas, porque “…ellos no son cool para los centros comerciales y deben quedarse en el mercado”; en un país de mayoría indígena, con más del 50% de municipios mayoritariamente Mayas (incluso varios con 100%) los partidos no respaldan a los candidatos indígenas. Sin embargo, hay que reconocer que existe un mestizaje impreciso, indeciso entre la morenidad de la mayanidad y la blancura que aspira y que lo discrimina, no lo acepta.
Dada la voluntad de mucha juventud, de la preocupación de grupos progresistas, de la nueva clase media indígena, de la movilización campesina, por el impacto del COVID19; de la influencia global y el nuevo derecho internacional, la posibilidad de un nuevo pacto social, de una nueva Constitución Política se acerca cada vez más.
