En mi última columna recibí este comentario de un lector: «Asientas el principio de la democracia en la renovación de los procesos electorales. El gran problema es que quienes aprueban esas modificaciones son los contrarios al cambio…eso es imposible de lograr».
Ante esa reflexión, viene a mi memoria una frase de la Segunda Guerra Mundial: «El fusil dispara la bala, pero el viento la acompaña». Un gobierno cuyas propuestas no cuentan con el respaldo de la ciudadanía —especialmente con un Congreso está corrompido— no alcanza su blanco.
Nuestra sociedad es conservadora y se ha consolidado la idea de que nada puede cambiar. El pesimismo reina incluso entre analistas políticos y académicos; por ello, muchos sostienen que no hay perspectivas para el futuro del país más allá de una lenta decadencia. Esta postura se ha trasformado en una sentencia popular: «Si quieres hacer algo y ser alguien, ¡vete!».
Con la llegada de Arévalo al Ejecutivo, el ambiente general cambió y renació la esperanza de un posible cambio. Sin embargo, esta se desvaneció rápidamente: el Ejecutivo desaprovechó el respaldo y la voluntad del pueblo.
La sociedad guatemalteca y sus gobiernos frente a la injusticia y la inequidad nunca han sido monolíticos. Simplemente se han movido —y se mueven— dentro de marcos impuestos por la propaganda de la ideología occidental, no por el análisis crítico. En consecuencia: nuestros políticos y funcionarios conforman un aparato estatal al servicio de los poderes tradicionales: se centran en sus conflictos y decisiones, sin prestar la debida y mandataria atención a la problemática de las poblaciones que dicen representar.
Lo más trágico es que las nuevas generaciones, a pesar de que la presión las agobie, no parecen interesadas en un cambio de fuerzas y poderes. Desde el final del Conflicto Armado Interno —en el que la población civil puso la mayoría de muertos en ambos bandos— no ha existido una transformación en la relación de fuerzas entre los distintos grupos sociales. Siguen mandando y aprovechándose los mismos. Lo que ha generado cambios reales en lo social, económico y ambiental, en el bienestar y el estilo de vida de los sectores más marginados, ha sido la decisión de muchos de buscar la solución a sus problemas mediante la migración laboral.
En resumidas cuentas, aquel enfrentamiento no pasó de marcos teóricos que jamás se han trasformado en actos justos y equitativos y que apartó a los más necesitados de la lucha por un gobierno justo y equitativo volcándolos a resolver sus problemas por sí mismos.
Ante ese panorama, cada gobierno que nos ha regido se ha conducido con una grave ausencia de respaldo ciudadano genuino. Y aunque exista un consenso mayoritario para acabar con la omnipotencia, la irresponsabilidad y la corrupción de la clase política y de la élite industrial y financiera, y para reorganizar el sistema, en las generaciones más jóvenes domina el afán de fortalecer su propia posición dentro de ese mismo orden, aun a costa del respeto al otro.
Mientras la mejora del nivel de vida esté en manos de los trabajadores en el exterior, no existirá la menor señal de una revolución política y gubernamental. Es imposible hallar fórmulas para resolver una situación de injusticia e inequidad, con una población que resuelve sus problemas al margen del Estado. Por consiguiente, la probabilidad es que la mayoría de ciudadanía seguiremos inmersos en la lucha entre poderes fácticos, participando en ellas como denunciantes y observadores indiferentes o buscando oportunismo para situarnos.
Sin que la participación se traduzca en una verdadera vigilancia cívica y la irresponsabilidad en rendición de cuentas sea pan de cada día, el país seguirá siendo rehén de sus élites y de su propia resignación.
