El gobierno de Arévalo asumió el poder en un contexto abrupto y con márgenes de acción históricamente limitados, lo que condicionó un cambio menos significativo del que exigen las expectativas y necesidades nacionales. A ello se suma una marcada falta de espíritu crítico en nuestros sectores sociales, lo que ha derivado en una concepción de la política como negocio y no como servicio, tanto por parte de los partidos como de sus líderes.
Existe otro factor que agrava esta limitación: como sociedad, solemos dar un primer paso para resolver un problema y luego nos conformamos, delegando la conclusión en otros. Además, respaldamos insuficientemente a quienes asumen esa tarea, lo que impide pasar del discurso favorable a la acción concreta. Solemos divorciar las palabras de los hechos. Este patrón frena la implementación de reformas; el caso de la Usac es un claro ejemplo.
Desde hace décadas, la migración se ha consolidado como el motor de nuestro desarrollo productivo y económico, sosteniendo el bienestar individual y familiar de gran parte de la población. El fruto de este esfuerzo supera con creces el estancado crecimiento económico nacional, incapaz de modernizarse al ritmo que exigen nuestras realidades demográficas, sociales y ambientales. En consecuencia, vivimos desde hace varias generaciones, una revolución social sin su correspondiente revolución política; una dinámica que mejora aspectos clave de la calidad de vida tanto de quienes emigran y se esfuerzan, como de quienes permanecen y se benefician de sus remesas.
Lamentablemente, esa transformación social no ha ido acompañada de cambios en las políticas económicas y laborales, ni por parte del Estado ni del sector privado. A nivel local y global, además, enfrentamos una ola de tendencias autoritarias que, bajo diversas ideologías restringen sistemáticamente cualquier avance hacia la justicia y la equidad.
Otro aspecto crucial es que una política genuinamente orientada al desarrollo no puede limitarse a lo económico; exige transformaciones estructurales. En ese marco, el ejercicio pleno de la ciudadanía es fundamental, pero seguiremos careciendo de él mientras no reformemos la legislación electoral para garantizar que las personas más idóneas, justas y honestas accedan a la gobernanza. Sin un compromiso real con la justicia social y la igualdad como pilares democráticos, la democracia seguirá siendo un ideal inalcanzable.
Considero que la academia, para contribuir a superar el estancamiento político, social y económico, debe analizar críticamente la naturaleza del poder, su distribución y las formas de adquirirlo y ejercerlo. Sin una legislación electoral sólida, un sistema de justicia independiente y marcos democráticos claros para la distribución del poder, será imposible resolver el caos de gobernanza actual. Esto exige una participación más amplia de todos los sectores para garantizar que los beneficios, derechos y oportunidades se distribuyan con equidad. Implica, además, desmantelar las redes de prebendas y saqueo en las esferas pública y privada. Para lograrlo, el ejercicio del poder debe cimentarse en el respeto irrestricto a la ley, no en su desprecio.
A pesar de una profunda transformación social impulsada por la migración, Guatemala enfrenta un estancamiento político y económico que solo podrá superarse mediante reformas electorales, una ciudadanía activa, una academia comprometida y un ejercicio del poder basado en el respeto irrestricto a la ley y la equidad.
