Los humanos somos especiales: nos fijamos en lo más grande, desestimamos lo rutinario y hacemos caso omiso de lo nuevo hasta que se vuelve un problema. Nada más cierto en eso que en la salud. En un escenario favorable a los microorganismos, existe una mezcla de cambios ecológicos, comportamientos humanos y el estado de los sistemas de salud pública que al alterarse o mantenerse alterados facilitan los patrones de reproducción transmisión de microorganismos. Los conocedores de la dinámica epidemiológica de Guatemala han señalado en la última década (2016-2026) la persistencia de enfermedades infecciosas ligadas a la precariedad ambiental y social.
Cuando hablamos de enfermedades infecciosas respiratorias o gastrointestinales, damos como «normal» el hecho de que históricamente representen la mayor carga de morbilidad en el sistema nacional. En la actualidad, aproximadamente el 75% de las consultas externas del sistema de salud obedecen a una de esas causas. Su incidencia no sube, pero tampoco baja; se mantiene causando un daño social y económico que a nadie parece provocar comezón. Volvamos la mirada hacia el dengue. Mientras que en 2017 se reportaron unos 4,214 casos, el año 2023 cerró con más de 64,000. Para 2024 y 2025, la incidencia ha superado los 50,000 casos anuales.
En el estudio de las infecciones y las actividades del hombre, hay silencios que aterran. Un estudio en África sobre la conversión de bosque a palma africana demostró que dicha práctica aumentó la abundancia de mosquitos y elevó su capacidad de transmitir virus hasta 1.5 veces. En Guatemala, investigaciones de la Usac han documentado cómo el desvío de ríos para el riego de monocultivos y el uso de agrotóxicos alteran la microbiota local, lo que debilita la resistencia comunitaria. Estudios en otras regiones tropicales confirman que los canales de riego de la caña actúan como criaderos permanentes de Anopheles, desestacionalizando la malaria. Esto podría ser parte de la explicación de su persistencia en departamentos como Escuintla. Asimismo, reportes del INCAP vinculan la quema de caña con picos de consultas respiratorias debido a la inhalación de material particulado.
Si pasamos al ámbito de las infecciones de transmisión sexual (ITS, excluyendo el VIH), se estima que en Guatemala el subregistro puede ser superior al 60% por razones sociales y culturales. Estudios (2020-2024) en clínicas de vigilancia centinela (como las clínicas VICITS) han detectado prevalencias de sífilis entre el 14.5% y el 21% en grupos específicos, con focos críticos en Petén y Escuintla. Se estima que entre 2020 y 2024 hubo un incremento de hasta el 30% al 40% en la notificación de ITS (incluyendo gonorrea y sífilis). Un dato crítico en estos momentos es que la OPS y el MSPAS han emitido alertas porque la bacteria productora de Gonorrea está mostrando resistencia a los antibióticos tradicionales.
Ante esas estadísticas, resulta evidente que tanto el pueblo como los profesionales de la salud somos un fracaso en la prevención, prefiriendo estúpidamente gastar millones anualmente para mantener «vivo y a todo color» el ciclo enfermedad-curación.
Si bien se necesitan más estudios para confirmar los vínculos exactos entre infección y factores socioeconómicos y ambientales, esto no exime al MSPAS de su responsabilidad urgente de poner coto a males que llevan décadas sin atención debida y que dejan cicatrices crónicas en la salud y drenan la inteligencia y el capital humano del país.
La salud pública no puede seguir siendo el recolector de los escombros que deja un modelo de desarrollo depredador y lleno de injusticias e inequidades. Sin una intervención estatal que ponga atención al impacto del mal uso de la tierra y el ambiente y a los comportamientos humanos culturales propicios al aparecimiento de enfermedad, seguiremos financiando infecciones en lugar de garantizar su desaparición y control debido, como bien señaló el epidemiólogo Michael Marmot “de que sirve tratar a la gente y devolverla luego a las mismas condiciones que la enfermaron”.
