Se ha venido denunciando por décadas, que el modelo de elección de autoridades de justicia en Guatemala representa un riesgo crítico para la democracia, la economía y la sociedad. A pesar de saber que este sistema actúa como un seguro de vida para que corruptos y pícaros se mantengan instalados en el poder, el pueblo no termina de volcar su atención hacia este problema.
La Corte de Constitucionalidad (CC) es el órgano de mayor peso en el sistema de Justicia nacional debido a su facultad de interpretación constitucional. La conformación de la futura CC, con diez magistrados, es alarmante: al menos la mitad posee tachas por opacidad o vínculos cuestionables con redes políticas. Dos de ellos cuentan con sanciones internacionales y seis presentan perfiles de continuidad vinculados al bloque que domina las cortes desde 2021. Esta mayoría consolidada asegura desde sus puestos, la impunidad en las resoluciones constitucionales.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), elegida a finales de 2024, controla la justicia ordinaria y el nombramiento de jueces de menor jerarquía. De sus 26 miembros, uno está sancionado internacionalmente, cinco se vinculan a comisiones paralelas, diez han sido señalados por falta de idoneidad y honradez, y cuatro mantienen nexos con figuras y partidos de dudoso actuar.
Es evidente que la mitad de las altas magistraturas de justicia están ocupadas por personas con cuestionamientos éticos y legales. Bajo este panorama, podemos esperar en los próximos años, nulas reformas en el sector, una justicia selectiva y un control de las elecciones nacionales de 2027 al antojo de los grupos de poder actuales. No habrá sorpresas como la del 2023.
El pueblo debe concientizar que este estado de cosas tiene implicaciones directas en su vida y en el futuro de la nación: Las implicaciones políticas conducen al quiebre del Estado de Derecho. Las Cortes dejan de ser árbitros para convertirse en actores políticos que aseguran la impunidad a sus protegidos. Esto deriva en crisis de gobernabilidad y aislamiento internacional, tensando las relaciones con socios estratégicos que exigen estándares mínimos de integridad. La impunidad manejada por las Cortes también tiene Implicaciones sociales: La percepción de que la CSJ y la CC responden a intereses espurios rompe el contrato social. Se envía el mensaje de que la ley solo se aplica a quien no tiene conexiones, desincentivando la denuncia y aumentando la conflictividad y la violencia social. Y de la mano de las implicaciones anteriores las hay económicas: Este es quizá el punto más crítico para el desarrollo. La falta de cortes independientes destruye el clima de negocios y ahuyenta la inversión extranjera. El riesgo país impacta la calificación crediticia, encareciendo los préstamos tanto para el Estado como para el sector privado y dificultando las corresponsalías bancarias.
La situación no es para sentarse a llorar, como solemos hacer ante los problemas nacionales. Aunque el margen de maniobra se reduce con unas cortes blindadas por figuras con tachas, la solución es hoy eminentemente política y social.
El Ejecutivo: Aunque con herramientas limitadas por la separación de poderes, debe ejercer una diplomacia estratégica y una transparencia radical para aislar a los magistrados sancionados, exponiendo públicamente el uso de fondos públicos para fines ajenos a la justicia y los fallos de la actividad administrativa de justicia.
El Pueblo: Su acción clave está en la movilización social para elevar el costo político de la corrupción.
La Comunidad Internacional: Su rol sigue siendo el uso de sanciones financieras y migratorias, para cortar el flujo de recursos y componendas a las redes de impunidad.
Cuando el sistema de justicia se convierte en el problema, la solución deja de ser legal para volverse un imperativo ético: participación ciudadana y voluntad política son las únicas llaves para recuperar el Estado de derecho. Ante una captación casi total como la que tenemos, donde los jueces son parte del problema, la respuesta debe nacer de la organización ciudadana.
