Las sociedades rara vez son agradecidas, no somos la excepción y lo que podemos sacar en claro de la decisión gubernamental de cancelar contratos a médicos cubanos es que ante cualquier presión diplomática internacional, la salud vale un comino. Y aunque el presidente diga que no los está sacando, es un insulto a la razón no ver que con el no renovar contratos, eso es lo que está haciendo. No podemos olvidar que EE. UU. ha calificado históricamente las misiones médicas cubanas como una forma de «tráfico de personas» o «trabajo forzado».
Pero veamos la realidad a la luz de lo que sucede en Guatemala. Guatemala cuenta con aproximadamente 20,000 médicos colegiados activos en todo el país en estos momentos. Unos 8,000 a 9,000 trabajan para el Estado (MSPAS e IGSS). El resto está en el sector privado. El 80% de esos médicos estatales están en las ciudades, dejando a las áreas rurales con una cobertura mínima.
La Brigada Médica Cubana (BMC) era una estructura paralela de salud que trató de aliviar y paliar la crisis de salud de la red pública rural de Guatemala por casi tres décadas. En octubre de 1998, con la llegada del Huracán Mitch, al ver que Guatemala no tenía médicos en las zonas inundadas y remotas, el gobierno de Álvaro Arzú firmó el primer convenio de cooperación. Cuba envió un contingente inicial de unos 250 a 300 médicos de emergencia para ayudar en el desastre. Cuba ponía el personal y Guatemala pagaba un «estipendio» (viáticos), transporte y vivienda. La Brigada Médica Cubana llegó a tener picos de entre 450 y 500 integrantes que se desplegaron en 16 de los 22 departamentos, específicamente en los municipios con mayores índices de desnutrición y pobreza extrema (el Corredor Seco y la Franja Transversal del Norte). Hasta hace un par de años contaba con aproximadamente 440 colaboradores, de los cuales unos 330 eran médicos especialistas y el resto personal de enfermería y técnico. Crearon centros oftalmológicos (como el de Villanueva o Mixco y Jalapa) donde médicos cubanos atendieron y operaron de la vista a miles de guatemaltecos que no podían pagar una clínica privada.
En el año 2024, las proyecciones presupuestarias de ese año fiscal mostraron una reducción de casi el 75% en ese renglón específico, cifra que coincide con menos de 100 personas activas. Para finales de 2025 e inicios de 2026, la brigada se redujo a su mínima expresión no por una expulsión directa sino simplemente dejando que los contratos murieran.
La realidad actual es esta: Guatemala pasó de tener casi 500 médicos cubanos cubriendo los lugares donde no había nadie, a tener hoy un vacío que el sistema nacional aún no logra llenar, ya sea porque no se tiene plaza o porque el médico no quiere ir.
Justificar nacionalismos de tal determinación para darle las plazas a médicos nacionales es falaz y mentiroso. Que los cubanos les quitan puestos a los nacionales es querer tapar con un dedo un hecho real: la brecha entre la soberanía política y la capacidad operativa real del sistema de salud es evidente. Para cumplir con la cobertura básica universal, el sistema público guatemalteco necesitaría contratar de inmediato a unos 7,000 a 10,000 médicos adicionales, con un enfoque masivo en el primer nivel de atención (puestos de salud en aldeas). Finalmente debemos estar claros que mientras el Estado gasta energía política en procesos administrativos, el médico guatemalteco emigra porque el sistema de salud ya sea no les ofrece plazas o estabilidad laboral, carecen de insumos para ejercer debidamente y porque un médico en el sistema público guatemalteco gana una fracción de lo que puede ganar en Europa o EE. UU. En tal sentido, casi el 30% de los recién graduados de las facultades de medicina inician trámites de homologación para el extranjero. Se estima que entre el 10% y el 15% de los médicos graduados en Guatemala, terminan ejerciendo fuera del país.
Finalmente, hay que considerar que cuando el Estado no logra contratar o retira el servicio existente (los cubanos son un ejemplo), no hay un vacío absoluto en el sistema, sino una transferencia de costos al ciudadano. La población más pobre termina pagando clínicas privadas de bajo costo o farmacias para consultas básicas. Esto aumenta el gasto de bolsillo, empujando a más familias a la pobreza extrema por emergencias de salud.
Si tanto molestaba internacionalmente la forma de contrato de los médicos cubanos, lo prudente hubiera sido realizar un nuevo proceso de contrato y administración. En estos momentos, el MSPAS enfrenta un repunte drástico de sarampión y otros desafíos epidemiológicos. Nuestra realidad es patética: El sistema nacional de salud pierde por ambos lados. Por un lado, prescinde de la ayuda extranjera (cubanos) y, por el otro, no logra retener a su propio talento, lo que termina fortaleciendo los sistemas de salud de países con mayores recursos. Restar en lugar de sumar es un craso error.
