Pretender liberar las cadenas que, desde hace varias administraciones, amarran la justicia y la equidad en manos de intereses personales, es imposible sin el respaldo del pueblo. Sin embargo, eso es precisamente lo que ningún gobierno se ha atrevido a hacer: sustentar su gestión en la fuerza ciudadana.
Las cadenas a una gobernabilidad honesta persisten, cuidadosamente vigiladas por los mismos de siempre. Es de conocimiento público quiénes son y qué artimañas utilizan para conservar el statu quo. Todo ello es posible gracias a las deficiencias de nuestros sistemas electorales, plagados de recovecos diseñados para satisfacer la sed de riqueza y poder. A esto se suman interpretaciones legales carentes de lógica, impregnadas de prejuicios y antojos, cuyo único fin es el beneficio propio.
La clase política ha comprendido que, mientras el espíritu del pueblo se mantenga débil y fácil de doblegar —sometido al silencio, a la inacción o al miedo al cambio—, será sencillo imponerle un orden que lo perjudica. Conocen bien que el camino hacia la ilegalidad comienza, precisamente, con la preservación de los textos y normas vigentes; esos códigos electorales que permiten a mentes ajenas al espíritu democrático cooptar el Estado y explotar a la nación.
Un pueblo resignado y acostumbrado a un ejercicio del poder autoritario, servil y oportunista, genera una sumisión que hoy es más que evidente entre nosotros. En medio de este adormecimiento, raramente se discute, y mucho menos se lucha, por la moral, la justicia y la equidad. En las redes sociales y los noticieros, las batallas judiciales parecen más un entretenimiento que un llamado a la conciencia; vivimos arropados por la indiferencia y la costumbre, enemigos naturales del despertar de cualquier pasión que desafíe el orden establecido. En esa inercia, lo único que logramos es acomodarnos a un estilo de vida limitado por la lucha por sobrevivir.
En medio del caos de gobernabilidad actual, nos dirige una administración más “papista que el Papa”. Fue incapaz —pese a que la lógica lo demandaba y la Constitución lo permitía— de apoyarse en el pueblo para neutralizar a los corruptores y reformar, en el menor tiempo posible, las normas electorales. Solo así se podría aspirar a elecciones donde se elija entre lo bueno y lo generoso, y no simplemente al “menos corrupto”.
Decían los antiguos, con gran acierto, que en río político revuelto la mentira se convierte en virtud. Nuestras leyes no buscan llevar la excelencia al poder, sino permitir la perversión a través del engaño. Por ello, aunque exista odio y repulsa mayoritaria contra los mal intencionados y corruptos y aunque el buen pensamiento despierte en unos pocos, la puerta a la corrupción permanecerá abierta si no se retira a los malvados y se rompe con la moral hipócrita de los códigos actuales. Mientras las normas sean fuente de privilegios, el estafador de las finanzas públicas y el servil oportunista seguirán disfrazándose de legalidad.
El origen del mal es conocido por todos e insisto: sin desembarazarse de esas figuras y de esas normas, la causa por la democracia y la equidad está perdida. Nuestras instituciones permanecerán petrificadas, ajenas por completo al interés común.
La reforma que necesitamos no vendrá de quienes se benefician del caos, sino de una ciudadanía que decida, finalmente, dejar de ser espectadora de su propia ruina. Mientras el pueblo guarde silencio, el poder mantendrá sus privilegios. La libertad comienza cuando se pierde el miedo a exigir.
