El concepto de “visión clara” es una promesa recurrente en cada administración. Sin embargo, cabe preguntarse si el gobierno actual realmente la posee. Para entenderlo, debemos considerar dos cosas del término: intención y competencia. Mientras que la actual administración demuestra una intención más sólida que sus predecesoras; como todas las anteriores, falla en la competencia estratégica: la capacidad de trazar una ruta definida que conecte nuestra realidad actual con el futuro deseado. Esto lo atribuyo a tres fallas
La primera tiene que ver con el problema de la ejecución y la desarticulación: Tener una visión clara implica identificar y jerarquizar problemas (pobreza, seguridad, educación) mediante mapas de solución. Aunque este esfuerzo teórico existe, en la práctica ha resultado insuficiente e ineficiente. Actualmente, la acción gubernamental se ve desbordada por la necesidad, y si no hemos llegado a un desborde popular es, en gran medida, gracias al paliativo económico de las remesas.
Un síntoma crítico de esta falta de claridad es la desconexión ministerial. Las dependencias del Estado operan como islas separadas, sin entender que los problemas sociales económicos y ambientales no se resuelven solo con acciones ministeriales unipolares. Para ser efectivos en cualquier solución, los ministerios de Economía, Medio Ambiente, Educación y Salud, Desarrollo, todos deben unificar sus políticas y sus acciones para atacar las causas de los problemas y no solo sus consecuencias.
La segunda falla que observo es la falta de construcción y choques entre el Estado de Bienestar y el Estado de Derecho. Se observan avances en la construcción de un Estado de Bienestar mediante el aumento de infraestructura vial, agrícola, educativa y servicios de salud. No obstante, y aunque existe una intención de fortalecer la justicia, ésta aún no se traduce en una estrategia que siente las bases de un Estado de Derecho con instituciones honestas. El gobierno se ha volcado a la depuración del Ejecutivo, pero ha dejado en segundo plano la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Sin cambiar las reglas de acceso al poder, cualquier saneamiento del Estado será meramente cosmético; de nada sirve limpiar la casa si no se cambia la cerradura que permite que los intereses particulares vuelvan a entrar. El pilar de la justicia social permanece bloqueado por la corrupción y el nepotismo.
La tercera falla que observo es la resistencia a la gestión medible. En seguridad, el combate al crimen muestra mayor eficiencia que en períodos anteriores, pero se comete el mismo error que el sistema de salud: se ataca el mal (la pulmonía) pero se ignoran sus orígenes y causas sociales.
De cara al 2026, el gobierno intenta aterrizar su discurso de “transparencia” en metas concretas como el metro, la red vial y el programa contra la desnutrición. Sin embargo, la transición de la fase de “limpieza institucional” a la de “construcción de resultados” es lenta y estimo que el gobierno ha consumido gran parte de su capital político defendiendo su legitimidad y enfrentándose al Ministerio Público. A dos años de finalizar el periodo, el riesgo de caer en incumplimiento es alto: si no se logra alinear la voluntad política con una praxis estratégica, la Política General de Gobierno 2024-2028 quedará como una tarea muy inconclusa. En otras palabras: Si la actual administración no prioriza la reforma electoral, su legado será el de un inquilino que ordenó la sala, pero dejó la puerta abierta para que los mismos de siempre vuelvan a entrar.
