Estamos a inicios de 2026, justo en el momento en que las Comisiones de Postulación están recibiendo expedientes y el Congreso de la República se prepara para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dirigirán los próximos eventos democráticos (2026-2032).
Cada guatemalteco, desde la comunidad más remota hasta la metrópoli, sostiene una relación ineludible con el poder. Solemos creer que la política es una esfera lejana, un juego espurio entre funcionarios y partidos que poco afecta nuestra mesa o nuestro hogar. Sin embargo, esta es una ilusión peligrosa. Los actos políticos no son un adorno externo; son eventos reales que determinan el bienestar de nuestras familias y, sobre todo, la viabilidad del futuro de nuestros hijos.
Hoy, Guatemala se encuentra en una encrucijada históricamente crucial: la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Lo que está en juego no es solo el relevo de cinco nombres, sino la custodia misma de la voluntad popular para los próximos seis años. La teoría dice que el ciudadano tiene derecho a elegir e influir con su voto, pero en la práctica, cuando las instituciones son cooptadas por intereses personales, el ciudadano se transforma en parte de un rebaño gris y sin voz, viviendo bajo regímenes que operan a espaldas del bien común.
La política ha sido llamada «una de las tentaciones con las que el diablo intentó seducir al Hijo de Dios». Esa visión del poder como algo intrínsecamente sucio ha servido de excusa para que los ciudadanos probos abandonen la plaza pública. Pero ante el actual desbarajuste de nuestro sistema judicial y electoral, la única salvación es la transformación desde dentro. Si los procesos de selección de candidatos ya están viciados por ansias de riqueza, el acto de elección se convierte, de por sí, en una forma de corrupción. Por ello, en este proceso de postulación 2026, no podemos permitir que se imponga el perfil del «comprometido» con las mafias en lugar del servidor leal a la Constitución.
La actitud del elector guatemalteco es, por experiencia, escéptica. Pero estamos obligados a vigilar este proceso porque el Tribunal Electoral es el eje central para mantener la ley y el orden en los otros poderes del Estado. Su función no es interferir, sino facilitar un entorno donde la vida democrática pueda desarrollarse sin las sombras de la manipulación o la persecución judicial que hemos visto en tiempos recientes.
Actualmente, enfrentamos un riesgo real: si los profesionales honestos y los candidatos con verdadera vocación de servicio se retiran por temor o apatía, solo quedarán los mismos oportunistas de siempre. Ya conocemos las consecuencias de ese desequilibrio. Es vital que el tribunal que se configure represente los intereses de todos los grupos sociales legítimos. Solo así las resoluciones serán moralmente justificadas y la justicia electoral dejará de ser una herramienta de exclusión para convertirse en una de inclusión.
Ser un «servidor del pueblo» debe dejar de ser una frase cargada de ironía. El poder se le concede a un funcionario de forma temporal con el único fin de servir conscientemente a su prójimo. Como ciudadanos, no podemos ser indiferentes ante el destino de nuestra patria. A menudo oímos que la política es un negocio sucio, pero eso depende enteramente de quién la practique. En manos de unos, es manipulación egoísta; en manos de otros, es una herramienta sagrada de servicio. No es la política la que ensucia al hombre, sino el hombre quien ensucia la política con su doble discurso y ambición.
En este momento preciso, unos debemos vigilar el proceso de las Comisiones de Postulación y otros deben dar el paso al frente para participar con honestidad. No es tiempo de quedarse al margen con desconfianza. El cambio solo será posible si logramos que nuevos miembros, éticamente sólidos, neutralicen a quienes han mancillado la agenda estatal. La transparencia del TSE en 2026 será la única garantía de que, en las urnas del mañana, nuestro voto siga siendo el soberano absoluto del destino nacional.
