Cuando se sabe de los miles de millonadas asignadas a los Consejos de Desarrollo se le pone a uno la piel de gallina, pues la gran pregunta sobre la calidad y utilidad de la inversión queda sin respuesta. La semana pasada el pleno del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur 2025) aprobó la propuesta de montos máximos de preinversión e inversión pública para el Ejercicio Fiscal 2026. Esta propuesta dirigida a 2 mil 715 proyectos de desarrollo asciende a Q 4,491,416,000.
Educación e infraestructura se llevan casi la mitad de la inversión, mientras que saneamiento (específicamente agua y drenajes) y salud asistencial la mayoría del resto. Si bien la intención de estas inversiones es buena y necesaria, surge una gran interrogante: ¿pueden estas inversiones ser efectivas sin devolver el sentido ético a las instituciones públicas, como ministerios, alcaldías y los mismos Consejos de Desarrollo? Es una duda válida.
La base de esa desconfianza descansa en los resultados del proceso histórico de la inversión anterior y en la deficiente fiscalización institucional y social. Es más que evidente por estudios realizados, que el desempeño de la ejecución de inversiones anteriores ha sido heterogéneo y presenta desafíos estructurales y de funcionamiento de gran envergadura. Esto comienza con la integración de los proyectos y su representatividad de las necesidades más urgentes de las poblaciones en peores condiciones. Además, una de las conclusiones más importantes que revelan los análisis históricos es la marcada disonancia entre las cifras de ejecución financiera y el avance físico de los proyectos, así como la deficiente supervisión de costos, gastos y resultado. Las auditorías de la Contraloría General de Cuentas (CGC) han revelado serias deficiencias en la gestión de los fondos a nivel municipal y de los Consejos de Desarrollo.
La creación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) tiene el objetivo de cimentar la capacidad para planificar, asignar y ejecutar los recursos públicos de forma eficiente y eficaz. Aunque este proceso está formalmente estructurado a través de un conjunto de reglas, normas y procedimientos para asegurar el uso óptimo de los recursos disponibles (tanto internos como externos), este marco conceptual dista mucho de funcionar adecuadamente y de ser un instrumento efectivo de buena orientación y ejecución de la inversión.
Por su parte, el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (SCDUR), concebido como una respuesta a la necesidad de gobernabilidad democrática y participación ciudadana que opera desde el nacional (Conadur) hasta el comunitario (Cocode), en muchos casos –como lo demuestran denuncias y estudios– funciona bastante deficiente tanto en la planificación como en la ejecución. Estas entidades en su estructuración y en su funcionamiento, sea por ignorancia, sea por corrupción, están llenos de diversas anomalías. Esto afecta todo el proceso, desde la identificación y planificación de proyectos por los consejos hasta la intermediación con las instituciones gubernamentales y entidades privadas ejecutoras. Todo ello termina, muchas veces, en una mala formulación de recomendaciones de inversión y una mala gestión y muchas anomalías en el uso de los recursos financieros.
Se esperaría que los nuevos planes y herramientas para el uso de esta inversión se enfoque hacia una gobernanza efectiva que conlleve implementar una auditoría institucional y social eficaz que mejore los aspectos estructurales y funcionales de todo el proceso. Debemos tener claro que, si eso no se da, seguiremos con corrupción, ineficiencia y politización de los proyectos y las inversiones y veremos muy probablemente desembolsos masivos realizados apresuradamente para cumplir con metas políticas. Práctica histórica en la gestión pública, que casi nunca se ha traducido en un avance físico real en los proyectos y si en corrupción. El presidente Bernardo Arévalo ha señalado públicamente que la corrupción puede llegar a desviar «hasta un 40 % del presupuesto».
