La mayoría de la ciudadanía esperaba del actual gobierno el fin de una era de corrupción y el inicio de una mejor. La expectativa imperante era lograr una caída dramática de la corrupción. Y aunque hay esfuerzos visibles, la realidad demuestra su insuficiencia. Los descubrimientos diarios de actos de corrupción en las instituciones lo confirman. Acabar con la impunidad de una “estirpe” de corruptos —políticos, funcionarios y ciudadanos— se torna casi imposible, si la norma de quienes respetan la ley sigue siendo la indiferencia.
El tiempo se le agota al gobierno. Lo mismo que en un reloj, van pasando las fechas y con ello las oportunidades si no de enmendar al menos de fijar formas eficientes de lucha. Los Ministerios siguen cundidos de gente ineficiente, irresponsable, prepotente y corrupta. Pero la población no ve pautas claras de lucha ni de formas de incorporarse a esta.
La ineficiencia y la descomposición continúan institucionalizadas, amontonándose una tras otra como en el pasado. La prensa reporta a diario nuevos casos o continuidad de existentes. Los pedidos ciudadanos de acciones audaces siguen sin llegar. El Ejecutivo ha fallado en establecer una relación adecuada con la sociedad civil para resolver los problemas del país. El vínculo entre el Estado y sus ciudadanos no se afianza en hechos de participación y responsabilidad mutua, ni en un espíritu de unidad nacional.
En consecuencia y hasta ahora, el actuar del Ejecutivo está lleno de ambigüedades. Necesita el apoyo de la gente en la lucha contra la corrupción, pero no ha sabido cómo conseguirlo. Tampoco ha logrado lidiar con un sistema legal y judicial que sigue siendo incierto y oprimido por prebendas, privilegios y parcialidades. Cada vez que la justicia dispara injustamente, la población se abalanza con curiosidad y pide intervención para corregir, pero el gobierno no hace nada para neutralizar esas aberraciones. Al final, muy poco ha cambiado de una situación que se vivía.
La corrupción genera en la gente una mezcla de frustración, impotencia y enojo. Con el acto incorrecto, el pueblo adopta una postura de humor. Las redes sociales inundadas por miles de chistes y sátiras son el mejor ejemplo de esta estrategia. Reírse de una situación ridícula o injusta es la única herramienta que el pueblo encuentra para procesar la problemática nacional, liberar la tensión acumulada y compartir una experiencia colectiva de indignación. Aunque esto alivia la carga emocional individual y grupal, no resuelve el problema.
Pero el humor tiene un potencial positivo que el gobierno ha desaprovechado. Al mofarse del corrupto e incapaz, el pueblo le quita seriedad y legitimidad, reduciéndolo a un personaje despreciable. Esto ayuda a crear una conciencia colectiva sobre el problema sin la necesidad de enfrentamientos directos. Los chistes sobre la corrupción forjan un lazo entre las personas, una forma de decir «estamos juntos en esto» y de reconocer que muchos comparten el mismo disgusto y frustración. Esta solidaridad tácita podría ser un primer paso hacia una acción más organizada de lucha.
De tal forma que el Estado no ha logrado comprender, y mucho menos utilizar, que el humor no erradica la corrupción, pero es un mecanismo fundamental de supervivencia psicológica y social. Le permite a la población mantener la cordura, expresar su descontento y, en cierta medida, influir en la narrativa pública de los problemas que la afectan.
El Estado ha sido incapaz de entender, y mucho menos de utilizar, que el chiste, si bien no elimina la corrupción, es un mecanismo fundamental de supervivencia psicológica y social. Permite al pueblo mantener la cordura, expresar su descontento y, hasta cierto punto, ejercer control sobre la narrativa pública de los problemas que le afectan y señala rutas de corrección posible.
