Mi amigo Ricardo Gómez acaba de lanzar en su página electrónica la sugerencia que el presidente de la República convoque a la nación al rescate de la Constitución, poniendo énfasis en la depuración de la institucionalidad. Excelente idea que, sin duda, merece reflexión.
A mi entender, lo señalado anteriormente, demanda mecanismos de cambio que deben comenzar con una transformación en la conducta y la conciencia de la población. Las huelgas recientes, son un ejemplo claro de cómo las experiencias vividas individuales institucionales, conducen a lo imprevisible y sin cambio alguno. Lamentablemente, todos los gobiernos que hemos tenido, han sido incapaces de generar mecanismos adecuados que atiendan la mejora de la cuestión de individualidad y grupal, lo que, por razones diversas, termina en la aceptación acrítica de lo que sucede en la administración pública.
Es no solo urgente, sino necesario, que para lograr lo que propone el licenciado Gómez, tengamos claro que existe un deterioro de las funciones institucionales. Este deterioro no solo impide establecer un diálogo honesto y productivo y un adecuado accionar para su mejora, sino que además alimenta la falta de consenso y una adecuada sensibilidad hacia el fundamento del diálogo nacional: la solidaridad.
En gran medida, esta incapacidad institucional y ciudadana, proviene de vivencias muy arraigadas y funciones suprimidas y reprimidas, lo que mantiene en grave deterioro la capacidad del diálogo y al final, lo que se produce, es que todos los grupos adoptan una actitud de defensa, poco reflexiva, hacia lo que hacen y de temor hacia lo que deberían hacer; hasta el punto de que nuestros movimientos populares e institucionales se resumen en pocas palabras, “mucho ruido y pocas nueces”. Lo que está sucediendo actualmente en el sistema educativo, es un buen ejemplo de lo dicho.
Por consiguiente, considero que hay dos aspectos que se deben priorizar si se busca la depuración institucional. En primer lugar, es comprensible que la población se muestre reacia a apoyar procesos de depuración convocados por el ejecutivo u otros poderes del Estado, debido a la gran desconfianza que existe hacia las autoridades y los organismos encargados de llevar a cabo estas acciones. Estas entidades están marcadas por antecedentes de corrupción e ineficiencia. Además, la falta de transparencia demostrada en otros procesos similares, ha evidenciado que no son imparciales, lo que ha generado un profundo escepticismo.
Por otro lado, numerosas opiniones periodísticas han señalado que la inequidad en la mayoría de aspectos de la vida diaria, obliga a la mayoría de ciudadanos y funcionarios públicos a priorizar preocupaciones más inmediatas, lo que hace que la depuración institucional sea percibida como tema de baja prioridad. Tampoco podemos olvidar que, durante generaciones, ha existido un desconocimiento generalizado sobre la importancia de los procesos a los que Gómez hace referencia y cómo estos pueden impactar positivamente en la vida cotidiana de las personas.
Finalmente, el miedo a represalias o la sensación de que su participación no generará un cambio real, sino solo molestias, puede desincentivar el apoyo activo. Para fomentar la colaboración, es crucial que los convocantes trabajen en construir confianza, comuniquen de manera clara los beneficios de la depuración y garanticen que los ciudadanos se sientan seguros y escuchados.
