El viernes recién pasado, el MSPAS publicó oficialmente el acuerdo gubernativo 102-2025. Una actualización normativa para “el control de la calidad de los productos farmacéuticos, químicos y de todos aquellos que puedan afectar la salud y el bienestar de los habitantes”.
Sobre este tema, ya existían dos regulaciones previas: los acuerdos 87-2001 y 54-2003. El primero establecía normas para vigilar el uso adecuado de sustancias y precursores químicos, mientras que el segundo —una actualización del anterior— ampliaba su enfoque e implementaba medidas más estrictas para evitar el desvío de químicos hacia la producción de drogas.
El 102-2025 sigue una línea de modernización en base a dictados internacionales, introduciendo cambios significativos entre los que destacan: Primero: la ampliación de la lista de sustancias controladas, incorporando químicos usados en drogas sintéticas (fentanilo, cannabinoides sintéticos, metanfetamina) y clasificándolas por nivel de riesgo (alto, medio, bajo). Segundo: una Fiscalización más reforzada: Implementación de un sistema de trazabilidad digital que obliga a las empresas a reportar compras y ventas en tiempo real. En tercer lugar: Sanciones más severas. Multas elevadas y clausuras por infracciones, junto con mayores exigencias de control para empresas y autoridades.
Resultan indiscutibles y loables, los esfuerzos de los gobiernos del presente siglo, para fijar una normativa política y técnica sobre el tema, acorde a marcos legales y científico-técnicos, en cumplimiento de normativa nacional e internacional al respecto. Pero desde el primer acuerdo de principios de siglo, constantemente los gobiernos de turno han fallado en cerrar la brecha entre la norma y la implementación, debido a problemas persistentes entre los que destacan: primero: la corrupción y negligencia de fiscalización pública/social. En segundo lugar, la insuficiencia de recursos: Laboratorios sin tecnología para rastrear sustancias, personal escaso y, en ocasiones, con capacitación limitada. En tercer lugar: una coordinación interinstitucional débil: pobreza de sistemas digitalizados para compartir información entre entidades. En cuarto lugar, el mal control de las tácticas del Narcotráfico. Un Reto Complejo, dado que las redes criminales operan con estructuras empresariales sui generis, caracterizadas por: Uso de empresas fantasma para importar precursores con documentos falsos. Subfacturación, contrabando y desvío de sustancias declaradas legalmente. Cambios constantes de rutas logísticas para evadir controles.
Mientras no se aborden estos desafíos estructurales —especialmente la corrupción, la falta de recursos y la coordinación—, el cumplimiento del acuerdo, seguirá siendo más teórico que real. Medidas inmediatas como mejorar la transparencia judicial y optimizar la colaboración entre instituciones, deberían ser los primeros pasos, pero requieren voluntad política sostenida.
