¡Que horrible es vivir llenos de angustias! Debe ser terrible para padres de familia, alumnos y maestros, día a día despertarse sin saber qué pasará con esa incorrecta e injusta situación que mantiene, el Mineduc y el STEG.
Para repudiar dicha situación, parto de dos premisas: Si bien es cierto que ambas partes defienden intereses aparentemente contrarios, ninguna actitud puede considerarse legítima si se aleja del mandato constitucional que define la razón de ser de la institución y de las normas y leyes que rigen a esta: la atención educativa a niños y jóvenes.
No hay peor diálogo que el que surge cuando dos facciones dentro de la institución como en el presente caso, en lugar de colaborar para cumplir con el mandato institucional rivalizan y se ven como enemigas. Esta intolerancia de décadas, ha llevado en buena parte al fracaso de la educación nacional. En el acontecimiento actual que protagonizan estas instituciones, lo que observamos los ciudadanos es que, tanto la administración del Mineduc como los directivos del STEG, están inmersos en un enfrentamiento donde se priorizan intereses individuales sobre los institucionales. Se lucha por poder y privilegios, no por bienestar, y ambas partes parecen haberse alejado por completo del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
El conflicto no parece ser cuestión de dinero (aunque la mayoría de sindicalizados apoyan la huelga buscando beneficios económicos), sino de poder. Y lo más grave: no hay información suficiente ni transparente sobre convenios, contratos o compromisos, lo que divide aún más a la opinión pública. En cualquier institución la relación empleador-empleado es clara, pero no puede olvidar su objetivo que en este caso es un beneficiario principal —la educación del estudiante— ni ignorar los principios del diálogo que deben basarse en deberes y obligaciones establecidos por las leyes educativas. Por tanto, el trabajo del Mineduc y del STEG no debe consolidarse en privilegios ni en quién grita más fuerte, sino en acatar y hacer cumplir lo establecido por las normas laborales y educativas.
Entonces acá hay dos cosas que atender: en primer lugar, errores del Estado dentro de las cuales vale la pena reflexionar sobre: 1º Falta de información veraz y oportuna a la ciudadanía sobre el conflicto. 2º Perpetuar la imagen de enfrentamiento (Mineduc vs. STEG), reforzando la idea del Estado como «enemigo del empleado». Esto distorsiona el diálogo, pues se sientan a contender y no a solucionar. Por ejemplo, el problema institucional de Mineduc va ligado a conflictos salariales históricos —sueldos bajos, aumentos insuficientes— y a la búsqueda de privilegios y formulación de pactos colectivos con el STEG, incluso pasando por encima de normas e intereses institucionales y leyes nacionales. 3º Opacidad en las Reformas Educativas, donde la sociedad civil debería participar activamente, así como en la clarificación de incumplimientos laborales y estrategias para resolverlos.
En segundo lugar, el diálogo debe ser público, y la intervención ciudadana solo será efectiva si se entiende por todos, la situación actual de los verdaderos objetivos del STEG: Defensa de derechos laborales. Mejora de la educación pública. Incidencia política de la educación en el desarrollo social.
Existen errores de ambas partes también: 1º El Mineduc y el STEG deben ser transparentes. Los incumplimientos de ambas partes deben analizarse desde la razón y la ley, no desde emociones, intereses partidistas o prejuicios. 2º Prestar atención a la alabanza, la censura y la opinión de un solo hombre o mujer resulta poco sensato, si el fondo de todo ello, no es más que defensa de intereses personales y privilegios fuera de la ley.
Ni la ciudadanía ni el magisterio pueden comprender plenamente esta situación sin información adecuada. Todos los sectores sociales (educación, salud, producción, seguridad) enfrentan problemas históricos: salarios bajos, falta de plazas, eficiencia, cobertura, modernización. Todos merecemos datos claros y soluciones honestas y útiles que favorezcan el objetivo del Mineduc: servicio y atención a la educación nacional.