Las desconfianzas del guatemalteco a todo lo que emana del Estado y de los gobiernos es legendario y cultural. Lo vimos y vivimos en relación con la pandemia del coronavirus COVID-19, recientemente con el decreto 46-2025. Todo lo que es medidas preventivas en salud se vuelve debate; debate que, en lugar de centrarse en elementos científicos, se centra en chismes, ignorancia y mentiras, orientadas a intereses ajenos a la salud.
Lo cierto es que período tras período presidencial, mientras el Estado intenta reducir los riesgos epidémicos y económicos reforzando el control de la salud e involucrando a la población en los procedimientos preventivos, eso provoca un descontento significativo entre una buena parte de la población. Las voces de protesta de los “disidentes Covid o decreto 46” se escucharon fuertes en los espacios públicos y los argumentos de los opositores a la vacunación o al seguro de daños a terceros, se fueron generalizando a tal punto que se perdieron vacunas que no se pusieron y las coberturas nacionales fueron de lo más bajo. Igual podríamos hablar sobre el dengue, la obesidad, etc. La población pareciera que le gusta enfermar y lo que le interesa es curarse cuando la enfermedad le ataca, sin pensar que esto no solo es más caro sino le deja limitaciones. Lo que no se ve no se cree decía un bolito antes de enfermar de cirrosis. ¿Culpables? Autoridades, políticos, población y también colegios profesionales.
Desafortunadamente, a nivel nacional, no existen estudios sociológicos para identificar factores objetivos y subjetivos de la sociedad guatemalteca que expliquen su falta de confianza pública en las medidas médicas preventivas y, en general, de adecuada actitud basada en valores hacia la salud y la atención preventiva. Desconocemos sobre el origen de irresponsabilidades, temores desavenencias de la prevención de enfermedades que tienen nuestras gentes y en buena parte los estereotipos y temores existentes en la población a las medidas de control, así como de las imperfecciones de la medicina preventiva implementada por el sistema de salud.
En cualquier país, la confianza institucional es clave para el desarrollo de la medicina preventiva. Sin la participación voluntaria e interesada de la población en las prácticas médicas para mantener la salud, el desarrollo de un concepto moderno de medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa, se va a la basura y pierde sentido. Pero la actitud de la población hacia la medicina preventiva, así como hacia la atención sanitaria en general, está asociada a un determinado estado de conciencia pública, expresado en la confianza o desconfianza hacia fenómenos sociales, institucionales y políticos y económicos relacionados con la actividad de salud. Este tipo de confianza/desconfianza se ha convertido en una actitud estereotipada generalizada negativa hacia las prácticas médicas en gran parte producto de actitudes y prácticas de los gobiernos y de toda serie de ilícitos en que cae el funcionamiento del sistema de salud y de una información masiva difundida en los medios de comunicación, redes sociales, Internet, etc. con intereses muy ajenos a la salud.
En el mundo moderno, la medicina preventiva es una prioridad en el campo del desarrollo humano y el económico que no logra conciencia ni entre políticos ni en la ciudadanía. En el mundo moderno se hace cada vez más angustiante y necesario, encontrar un equilibrio entre la medicina terapéutica (clínica) y la preventiva. Eso no es prioritario del interés político ni comercial y ese desajuste provoca brotes de enfermedades y una incidencia general elevada de enfermedades peligrosas. Naturalmente, la confianza del público en el sistema de salud también está directamente relacionada con la eficacia, accesibilidad y calidad de sus servicios.
Según los expertos médicos, existe una baja participación voluntaria de la población en prácticas medidas médicas preventivas por una combinación de razones. Son numerosos los estudios mundiales que demuestran una importante demanda de la sociedad para reformar el sistema de prevención médica en dirección a una mayor apertura informativa y responsabilidad social y jurídica. Parte del problema de la baja actividad pública de participación voluntaria en medidas médicas preventivas, está directamente relacionado con la competencia insuficiente en este ámbito. Otro componente importante que reduce la motivación hacia la participación pública es la burocracia y los requisitos regulatorios excesivos dentro del sistema de salud, que generan no sólo un trasfondo sociopsicológico negativo para las medidas preventivas, sino también prácticas corruptas en este ámbito de actividad. Como resultado, existe una creciente desconfianza no sólo en la calidad de los bienes y servicios médicos, sino también en los propios médicos como responsables de hacer diagnósticos y ofrecer recomendaciones competentes a los pacientes y motivar su participación.
