El desastre en salud pública cometido por las dos administraciones anteriores, parece caminar a su corrección: hay una mayor inversión del presupuesto nacional asignado al tema y un aumento de coberturas. Sin embargo, esa evolución proyectada, todavía tropieza con fuerte resistencia por parte de la corrupción que aún campea en todo el nivel del Sistema Nacional de Salud (SNS). Además, el SNS necesita más asesoramiento científico y técnico –cosa no adecuadamente contemplada en el presupuesto – cuya hostilidad al respecto muchas veces nace de las entrañas de las propias instituciones.
Pero existe una realidad que sobresale en el enfoque salubrista nacional: la salud pública, a nivel político, público y privado, no tiene el apoyo que necesita. En la planificación y presupuesto del SNS actual, no se observa ningún proceso técnico-administrativo que lo respalde y en esto se debe trabajar arduamente si realmente se pretende conseguir una salud para todos. Esto significa no solo intervención en lo político e institucional, sino llevar las políticas de salud actuales y las que están por implementarse, a ejecutarse.
En estos momentos y ante la situación caótica que vive la salud pública y todos los campos de los derechos humanos, un error fundamental que cometen las poblaciones es conformarse ante el comportamiento público y privado que les priva de tales derechos a muchos. Además, existe una condescendencia hacia lo que dicen y hacen esos líderes y funcionarios. Incluso a muchos de los profesionales de la salud no les parece bien cambiar el estilo del sistema.
Ante lo que sucede con la salud nacional, políticos, profesionales de la salud y la población, deberían entender, aceptar y concientizar que la ciencia no es servidora de la política; ella debe trabajar para conocer y explicar. Desde el siglo pasado y con mucha claridad, se nos ha indicado por científicos, que lo que falla no está en la descripción (la ciencia) sino la prescripción (el hecho y la acción política para cambiar).
La salud en la actualidad se considera un concepto y un proceso multifacético que incluye tres elementos: el bienestar físico, que se relaciona con el funcionamiento de nuestro cuerpo; el bienestar mental, que se relaciona con la forma en que entendemos y afrontamos nuestra vida; y el bienestar social, que afecta nuestras relaciones con los demás. Todo ello actúa en las distintas fases de nuestra vida: desde la concepción hasta la muerte.
Brevemente ejemplifiquemos el actuar de nuestro SNS con un hecho. Todos experimentamos la crisis del COVID-19 de una manera en que el trabajo del SNS se centró en salvar vidas, lo cual es loable y justo. Sin embargo, se descuidó atender el impacto social que generaba y sigue generando en la economía y en el estilo de vida de la población la pandemia. Esto ha dado lugar a problemas como trastornos nutricionales y en salud mental y exacerbado la magnitud de enfermedades preexistentes. Es fundamental considerar esas experiencias al reconsiderar los enfoques de salud.
Si analizamos la planificación y el presupuesto nacional de salud actual, resalta que gran parte de este se destina a la atención de enfermos en lugar de a las enfermedades que originan su estado. Más de la mitad del presupuesto de atención médica a enfermos, lo absorben las enfermedades crónicas y accidentes viales, cuya prevención es tarea de la salud pública y está estrechamente relacionada con estilos de vida y hábitos. Por consiguiente, es evidente que en nuestro SNS existen conflictos y desbalances entre las políticas y los principios de salud universalmente aceptados, lo cual se traduce en grave falta de equidad en sus acciones y directrices. Eso provoca ineficiencia en las prácticas de salud pública y satura el sistema de atención médica volviéndolo ineficiente. Por lo tanto, es urgente tomar al menos dos medidas: reducir la brecha existente entre atención médica y salud pública, una relación que no debería ser tumultuosa ni contradictoria, y también es necesario reajustar la gestión de los cuidados relacionados con los factores de riesgo ambientales y sociales, de modo que los servicios de salud sanitaria no estén separados de los servicios sociales.
