Dos noticias en salud acapararon la prensa en esta primera semana del año: las estadísticas de COVID-19 y nacimientos en menores de edad del 2024. Ambas indudablemente subestimadas en su número; ambas problemas sanitarios que demandan atención compleja y multidisciplinaria.
En el caso de COVID-19 los entes internacionales aún ignoran los orígenes de la pandemia, el número total de muertos y el por qué algunas personas tienen más probabilidades de contraer COVID-19 prolongado y han señalado que el virus sigue entre nosotros, aunque la humanidad ha desarrollado inmunidad mediante vacunas e infecciones. Actualmente es menos mortal que en los primeros días de la pandemia y ya no encabeza la lista de las principales causas de muerte, pero está evolucionando, lo que significa que los científicos deben seguirlo de cerca. La OMS ha dicho que la cifra oficial de 7 millones de muertes no es correcta y la estima tres veces mayor. En nuestro medio, donde lo de las estadísticas no nos va bien, podría decirse algo similar. “No podemos hablar del COVID en el pasado, porque todavía está entre nosotros”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
En el caso de nacimientos en menores de quince años, el problema reúne varios aspectos: sociales como inicio temprano de la actividad sexual, las bajas asistencias educativas, las malas condiciones de vida y de relaciones familiares, familias monoparentales, malestar personal y abuso sexual y violencia intrafamiliar; a la vez, el sistema de salud se ve expuesto a detección tardía y la imposibilidad de prevenir oportunamente las complicaciones del embarazo. Todas esas situaciones malamente atendidas al momento mantienen la problemática a niveles alarmantes.
Es evidente que ambos problemas de salud tienen que ver con mantener, aumentar y apoyar la equidad en salud y bienestar dentro de la población y eso demanda de movilizar o aprovechar múltiples estrategias a nivel de población, caracterizadas por la diversidad sectorial más allá de la actividad del MSPAS como: educación, empleo, ingresos, equidad de género, planificación territorial y medidas operacionales concretas: medidas de acceso a servicios sociales, regulaciones y sus cumplimientos, entornos construidos o naturales, acción de comunicación, educación, etc., caracterizadas por actividades y recursos claramente identificables y concretos (rastreables, reconocibles). En todo ello, los fallos de nuestro sistema nacional de salud son más que evidentes.
En la atención a la salud, las investigaciones biomédicas y epidemiológicas, muy limitada aun en nuestro medio, no permiten comprender en su globalidad la complejidad de las intervenciones en salud pública que necesitan los problemas de salud arriba señalados, ni ubicar adecuadamente la diversidad de actores que demandan las soluciones. La intervención en salud pública, sea cual sea su objetivo: enfermos, enfermedades, saneamiento, preservación ambiental, debe ser un esfuerzo de movilización de multitud de actores (incluida la población) que tiene múltiples roles que influyen tanto en el desarrollo de las intervenciones como en su efecto. Las poblaciones pueden y deben observar, acompañar, frenar, contribuir e incluir acciones y actividades y eso a diferentes niveles de complejidad muy variables. Esta pluralidad de insumos, métodos, procedimientos y contextos debe repetirse durante todos los procesos que intervienen en el desarrollo de la intervención: diseño, implementación y evaluación. Una organización sanitaria de ese tipo aún no se logra ni para problemas como el COVID-19 ni para prevenir y atender adecuadamente los embarazos en adolescentes.
