La relación de los tres poderes del Estado guatemalteco, ha sido históricamente compleja y cargada de intereses mezquinos. A lo largo del tiempo, las funciones de legislar, impartir justicia y ejecutar políticas, no siempre han estado alineadas de manera directa y clara, en un mismo plano, con los intereses que marca la Constitución y cabe esperar de un sistema democrático. La influencia de intermediarios, ya sean individuos u organizaciones, ha distorsionado esa relación, introduciendo intereses particulares, que a menudo afectan el bienestar de las mayorías. Esto ha llevado a que el ejercicio del poder, se vea afectado por prácticas ilícitas y corrupción, lo que complica aún más la dinámica entre los poderes del Estado.
En resumen, la historia democrática de Guatemala es un enfrentamiento continuo entre poderes de Estado y privados, que ha llevado a incumplimientos constitucionales, sin lograr un Estado trasparente y justo, siendo esto un reto fundamental para el actual gobernante.
La presencia perseverante de toda práctica ilícita en los organismos de Estado —prácticas alejadas a la honestidad y mandatos constitucionales e institucionales— no solo provoca una falta de confianza en las instituciones estatales, sino que crea un ambiente en que los ciudadanos se sienten desamparados y manipulados. El hecho que por las autoridades y las fuerzas ajenas del poder, los individuos y los grupos sociales sean vistos como objetos pasivos y de interés privado es alarmante y resalta una desconexión entre gobierno y la población. Ya desde el siglo XIX, ese actuar gubernamental se resumía en dos formas de proceder de los oportunistas que medran desde entonces alrededor del Estado: “estimular y debilitar, jamás la inacción”, cosa que continúa vigente, produciendo como consecuencia, un infiltrarse y perpetuarse de las fuerzas de poder, que ven y hacen funcionar al Estado en un poco para los demás y mucho para ellos.
En estos momentos, todo el Estado este subordinado a las potencias de esos poderes maléficos: a cuerpo ciudadano inerte, corrupción activa que propicia un poder del ejecutivo cercenado, un legislativo y judicial al servicio de poderes nefastos. En estos momentos, la ciudadanía percibe el actuar del Ejecutivo, insuficiente para imponer orden y justicia. Por consiguiente, a falta de respuestas efectivas, la confianza y desesperanza en la población ha cundido, tal como lo resume las siguientes palabras de un ciudadano: El método de lucha del señor presidente, tiene algo de frío y austero, que poco puede afectar la actividad de los corruptos. De ahí que las expectativas de cambio de situación sean pobres, sobre todo para los más afectados.
Es fundamental terminar de una vez, de tajo (cosa que cabe en este momento completamente dentro de lo legal) con todo tipo de corrupción y restaurar la justicia, pues son los pasos esenciales para lograr un cambio significativo de reencausar la percepción y realidad de la democracia como debe ser.
