Parto de una premisa: el hacer público es, en esencia, una ética social. Concepto que descansa y está cargado de una función y actuar burócrata, en beneficio para la sociedad. Esa ética establece que el trabajo público debe encausarse para servicio de todos los seres humanos de una comunidad y de todas las comunidades humanas de una Nación y no para el que paga o pueden tener acceso a ese trabajo, por sus conocimientos, su posición económica, geográfica, social, religiosa, racial o ideológica. Es la ética, un actuar para poner accesible el derecho humano a una mayoría; lo que se traduce en una accionar gubernamental, por medio de la aplicación científica, técnica y también económica, bajo marcos éticos que permitan el acceso y consumo de derechos a todos.
Una vez estemos convencidos de que esto debe ser así, de que este es un imperativo moral categórico para todos los funcionarios en todos los poderes del Estado y no cosa que suceda fruto de deseos y acciones en busca de poder y riqueza, sino de mandatos constitucionales, debemos averiguar cuáles son las causas de que tal resultado no se produzca. Ya se nos ha dicho que la causa primordial de que la teoría constitucional no se convierta en práctica es, esencialmente, la actual organización socioeconómica del país ligada a un ejercicio político que embauca a la ética fijada. No es falta de conocimientos científicos o de conocimientos técnicos organizativos, lo que impide que todos los guatemaltecos reciban los recursos necesarios para satisfacer y disfrutar de sus derechos humanos correspondientes. Son los factores de dependencia y de injusticias, de inequidades y arbitrariedades de todo tipo cometidos por funcionarios, de ignorancia y grandes diferencias en la productividad de los distintos grupos humanos, lo que condiciona, primordialmente, las diferencias en lo que se recibe y deja de recibir.
Hagamos, primero, una pregunta fundamental. ¿Es justo a un pueblo, ser tolerante a todo ese acúmulo de males? Hace ochenta años los padres de la generación, actualmente viva más vieja, dieron claro ejemplo de que eso no debe ser así, mostrando que el logro de una ética social, necesita para volverse realidad, de luchar por ella. Como individuos humanos, no podemos ser neutrales al actual estado de cosas. Cada uno de nosotros debe poder decidir, libremente, si en realidad hemos adoptado una ética social clara y cuáles son las circunstancias que la entorpecen y luchar por eliminar esos factores condicionantes o determinantes, que hacen que se impongan deseos personales aberrantes y malignos de latrocinio, en nuestra nación. Debemos terminar con cosas que suceden de manera distinta a lo que pareciera ser la voluntad ciudadana general y marca la ética social. Nos encontramos con distintas teorías e hipótesis que han venido enunciándose en causas y consecuencias y, ante la toma del poder y las instituciones por las fuerzas del mal, la alternativa va siendo cada vez más clara: o nos comportamos como población acelerando en lo posible todos los cambios o nuestro incipiente proceso de cambio; lo que significa participar como lo hicieron las juventudes del cuarenta del siglo pasado, o la calidad de la vida humana del guatemalteco seguirá deteriorándose. Lo claro es que, si no nos comportamos activamente como pueblo, sufriremos la misma suerte de anteriores desgracias y estúpidas situaciones. El pueblo tiene la última palabra y acción. El período en que vivimos, evidentemente, es un período de transición. ¿Hacia qué? ¿Hacia el progreso y bienestar mejor, o hacia su deterioro mayor por su apatía? Nadie puede garantizamos que el proceso de cambio que está llevando el actual Ejecutivo y en el que estamos viviendo, sea ascendente o descendente. Hay suficientes signos en el presente para lo uno y para lo otro. Insisto: de lo que aspiremos y hagamos como ciudadanos ahora, dependerá nuestro porvenir. La responsabilidad de lo que pase, descansa en estos momentos sobre todos y cada uno de nosotros. Sobre nuestra capacidad, convicción y valor, para actuar racional y conscientemente.
