El convenio de préstamo BIRF 8730-GT que viene operando desde el 2019 por un monto de USD100 millones y que tiene como objetivo mejorar ciertas prácticas, servicios y comportamientos, reconocidos claves en la desnutrición crónica, con énfasis en los primeros mil días de vida, y ejecutado a través de varias instituciones del ejecutivo, plantea la pregunta de ¿Qué se ha conseguido con ello? Y de conocer de igual manera los cumplimiento de las obligaciones nacionales dentro del convenio.
Soy claro en decir que tal informe debe ir más allá de hablar e informar sobre el número de beneficiarios, señalar beneficios en qué y para qué; resultados esperados versus obtenidos en poblaciones y favorecidos y sobre compromisos y limitaciones. Debería ir más allá de informes de remodelaciones y magnitud de entrega de recursos y servicios, a señalar y demostrar avances científicos y sociales a los que se encamina esa inversión con ese esfuerzo. Hago esta observación, basado en que con semejante préstamo, el gobierno debería informar a la ciudadanía, ya que es deuda que esta adquiere.
La desnutrición crónica es un tema de importancia y alcance nacional. El esfuerzo de este proyecto abarca soluciones a solo parte de su problemática, pues está concentrado en garantizar que las comunidades y sus individuos obtengan lo que necesitan, ante un daño establecido. En este momento, no sabemos si todo se trata de respuesta y recuperación ante los agravantes de la problemática y no de sus causales (sociales-ambientales económicos). El apoyo en caso de daño y de aumento de capacidad de respuesta que pretende dar este programa, es de una gran necesidad, pero no soluciona per se el problema. Todos sabemos y hemos visto que la desnutrición crónica afecta al país de maneras terrible desde hace décadas y es claro ejemplo de injusticias y desigualdades. Es dable saber con claridad, cómo unir este programa a soluciones sociales y ambientales, si realmente la inversión quiere rendir buen resultado al combate de la desnutrición como problema nacional. Entiendo que una visión del programa, debería enfocarse a ampliar el alcance de lo que puede significar dentro del combate general a la desnutrición la asistencia sanitaria y que eso constituye solo parte de la solución.
Puede argumentarse que un enfoque parcial al problema de desnutrición, como en la actualidad se han tenido, solo ha permitido soluciones parciales. Es por ello que este tipo de programas, debería tener visibilidad y participación pública en el análisis de sus alcances y eso no solo permitiría apoyar un programa centrado en este esfuerzo tan importante, sino una discusión más democrática del problema, unificar esfuerzos en su solución y encontrarle una posible nueva dirección. Me atrevería a afirmar que la asistencia sanitaria es solo un comienzo de la problemática alimentaria. Este sesgo no es exclusivo de este programa. Muchos programas se enfrentan a observaciones médicas e intervenciones curativas en el sistema de salud pública desde sus inicios, restringiendo resultados de salud y marginando los aspectos sociales y comunitarios de la salud.
