Alfonso Mata
Rezan las teorías políticas que la característica de un país regido por el Estado de Derecho es que el poder judicial es independiente del poder político. Por consiguiente y ante hechos y acontecimientos que se suceden en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, es evidente que no constituimos naciones de derecho.
Y todo ello tiene un principio: la selección de autoridades de justicia que en su centro medular constituyen un proceso moral, pero al no existir ni nunca haber existido tal forma de regirse por el derecho, las dimensiones correctas axiológicas y éticas del proceso electivo y nombrante de autoridades relacionadas con la justicia no se da, y entonces toda esa actividad selectiva a lo que conduce es a encumbrar personas que perpetúan el sistema anómalo de un derecho, asociado a una ética política a voluntad, que conduce a la corrupción y desbalance de poderes. El problema de una falta de ética política en los países mencionados, se da con igual intensidad aunque sea logrado con diferentes estilos, pero produciendo el mismo efecto: violencia e injusticia.
Esa carencia de bases morales para las bases políticas y de justicia, también ha invadido y prostituido las academias, las asociaciones y organizaciones sociales, el comercio, las finanzas y la industria llenando el MP, CSJ, CC y los tribunales, de política moral corrupta y de individuos creadores y hacedores de todo tipo de injusticias y llenado de privilegios a algunos y quitando derechos bien logrados a otros, propiciando de esta forma la arbitrariedad.
Es pues una falta de cumplimiento de mandatos constitucionales y legales establecidos en todos los niveles de estado y sociedad, lo que permite una selección de personas alejadas de una axiológica deseable para el cumplimiento de la ley y acoplados a intereses privados y dadivas de poder y de riqueza mal habidas, que presionan y violentan a diario, un sistema de justicia, que carece totalmente de independencia y atado a los intereses de patrocinadores y protectores, colocados por encima de cualquier moral normal y valor ético establecidos en la Constitución.
Por tanto y bajo esas condiciones de gobernarnos, resulta claro que la elección y selección de magistrados y autoridades al realizarse bajo un relativismo moral y una perfidia dialéctica totalmente alejada del bienestar común, no encamina a cambio beneficioso alguno, colocando dentro de tal estado de cosas, un régimen de justicia a la medida de intereses, no de bienestar común.
Por consiguiente, poco importa en estos momentos un proceso de elección y selección; eso es solo coyuntural, lo claro y dañino es la parte estructural, que permite al mafioso de Juan o Juana lleguen, pues el éxito de corromper y corrupción está asegurada no por ellos, sino por un proceso de constitución de la justicia que no da garantías de una indagación y una administración de justicia libre y honesta. Tampoco desde un punto de vista constitucional se han creado garantías de que el poder de la justicia pueda librarse de cualquier forma de sospecha de mala actuación y abusando del poder a favor de intereses propios, pues la misma CC está al servicio del político no de la Constitución.
