El Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT) expresó su preocupación por la presentación de una serie de amparos «maliciosos» que, según la organización, estarían dirigidos a alterar o “pervertir” los procesos de designación de magistraturas de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la elección de Fiscal General del Ministerio Público (MP).
El PEI-GT señaló que, en el seguimiento a su misión de observación de estos procesos, ha identificado acciones legales que podrían interferir en las decisiones institucionales vinculadas a estas designaciones.
AMPARO SOBRE ELECCIÓN DEL CANG
Según la agrupación, uno de los casos conocidos a través de medios de comunicación corresponde a un amparo que busca revisar la votación realizada por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en febrero, proceso mediante el cual se eligieron las magistraturas titular y suplente de la alta corte.
De acuerdo con el panel de expertos, esa votación se desarrolló “de manera intachable, con decisiones contundentes e incuestionables”, pese a situaciones como el cambio en el padrón electoral del colegio, el ingreso de personal del Ministerio Público a centros de votación y un corte de energía eléctrica durante el conteo final.
Por medio de la prensa, el @pei_guatemala ha tenido conocimiento sobre amparos enfocados en pervertir las elecciones de MP y CC. 🚨
El uso indebido de la figura del amparo es insostenible para cualquier democracia.
🔗Comunicado completo: https://t.co/vTzZfxdJ6a pic.twitter.com/6e3wHbxXsk
— PEI_Guatemala (@pei_guatemala) March 11, 2026
PROCESO EN LA USAC
El PEI-GT también se refirió a otro amparo relacionado con la elección de magistraturas para la Corte de Constitucionalidad realizada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Según el panel, la acción legal no fue admitida inicialmente, pero la CC ordenó su tramitación, lo que podría abrir la posibilidad de repetir el proceso dentro del CSU.
El panel advirtió que, en este caso, la presidenta de la CC, Leyla Lemus, tendría un conflicto de interés, ya que fue candidata a la reelección como magistrada por parte del CSU. De acuerdo con el PEI-GT, medios de comunicación y analistas han señalado que el resultado del amparo podría favorecerla si se ordena repetir la elección, por lo que consideran que la magistrada “no puede actuar como juez y parte”.
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AMPARO SOBRE ELECCIÓN DE FISCAL GENERAL
El panel también alertó sobre un tercer amparo presentado ante la CC, que busca que la Comisión de Postulación para Fiscal General excluya desde el inicio a aspirantes que no hayan completado un período como magistrados de la Corte de Apelaciones o tribunales colegiados de igual categoría, o que no hayan ejercido la profesión de abogado por más de 10 años.
Para los profesionales, esa interpretación dejaría fuera del proceso a profesionales que no se hayan desempeñado como magistrados o que hayan trabajado como jueces de primera instancia.
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ADVERTENCIA SOBRE EL USO DEL AMPARO
El Panel señaló que los órganos judiciales y la Corte de Constitucionalidad tienen el deber de proteger estos procesos de designación frente a amparos que puedan distorsionar su finalidad.
Según el pronunciamiento, aunque el panel reconoce que estas acciones legales deben seguir las vías correspondientes, también advierte que la figura del amparo en América Latina ha sido utilizada históricamente para prevenir violaciones a los derechos humanos, mientras que en Guatemala —según el panel— se ha usado en algunos casos para interpretar la norma de manera desviada y manipular procesos de elección.
RIESGO PARA LA DEMOCRACIA
El PEI-GT alertó que la continuidad de estas prácticas podría facilitar la cooptación de la CC y del Ministerio Público con perfiles que no cumplan con criterios mínimos de honorabilidad, honradez y excelencia, según estándares internacionales.
Además, el panel advirtió que descuidar los procesos de elección de estas instituciones podría representar un retroceso para la democracia y los derechos en el país, e incluso tener implicaciones en el resguardo de la voluntad soberana en las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para 2027.
