La magistrada titular electa de la Corte de Constitucionalidad (CC), Astrid Lemus, denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que existen actores que buscan impedir que asuma el cargo para el que fue designada.
Durante su intervención en el diálogo sobre “amenazas al orden constitucional en Guatemala”, Lemus aseguró que el proceso de renovación del máximo tribunal constitucional ha sido objeto de acciones que, a su juicio, buscan debilitar el Estado de derecho y alterar la transición institucional prevista en la Constitución.
Lemus recordó que fue electa para el período 2026-2031 por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), órgano que, conforme a la Constitución, tiene la atribución de designar a dos de los cinco magistrados titulares y suplentes que integran la CC.
ELECCIÓN BAJO CUESTIONAMIENTOS
Según explicó ante la OEA, el proceso electoral fue objeto de “acciones espurias” que, hasta el momento, no han demostrado fundamento y pretenden “socavar la voluntad de esa asamblea”.
Entre los señalamientos, indicó que previamente se excluyó de la votación a los profesionales de las carreras afines, quienes, aunque colegiados, se les vetó su participación por no ser abogados. Esa participación, dijo, continúa en discusión, pero en los hechos les impidió ejercer el derecho al voto.
Posteriormente, añadió que la elección fue interrumpida por hechos que, ya habían sido descritos por la presidenta del Colegio, Patria Gámez, y que el proceso solo pudo reanudarse luego de que la propia CC ordenara su continuación.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La magistrada electa también hizo referencia a la intervención del Ministerio Público (MP) durante el proceso. Según afirmó, dicha actuación fue “grotesca e intimidante” y hasta la fecha no se han explicado los fundamentos legales suficientes para justificar la interrupción de la elección.
De acuerdo con Lemus, el proceso se originó a partir de una denuncia anónima y actualmente se encuentra bajo reserva, lo que, según expuso, impide conocer los fundamentos y las evidencias que motivaron una acción de tal trascendencia.
A su criterio, la interrupción no afectó una elección ordinaria, sino un proceso ordenado por la Constitución Política de la República, por lo que intentar frenarlo implica, violentar el orden constitucional en la renovación del máximo tribunal.
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RIESGOS PARA EL ESTADO DE DERECHO
En su mensaje, Lemus sostuvo que estos acontecimientos han generado incertidumbre jurídica y debilitado el Estado de derecho. “Lo que realmente se pretende es debilitar nuestro Estado de derecho y evitar que haya una transición oportuna y legal”, afirmó ante el organismo.
Asimismo, recordó que la democracia guatemalteca se ha construido “paso a paso” y que en los últimos años ha sido puesta a prueba, particularmente en procesos de elección de segundo grado como el actual.
En ese contexto, advirtió que “existen actores que impiden o que pretenden impedir que asumamos el cargo para el que fuimos electos”.
