La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que presentó una denuncia de oficio ante posibles adopciones irregulares ocurridas en el país entre los años 1968-1996 y que podrían vincular a la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
De acuerdo con la PGN, la decisión se tomó en atención a lo manifestado por expertas y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes hicieron referencia a posibles adopciones ilegales suscitadas en Guatemala.
La institución indicó que, conforme a su mandato establecido en la ley, interpuso la denuncia para que se lleve a cabo la investigación que en derecho corresponde.
En el comunicado, la PGN señaló que la denuncia busca que las autoridades competentes establezcan responsabilidades sobre los hechos denunciados.
#ComunicadoPGN| ⚠️ Con relación a lo manifestado por expertas y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por posibles adopciones irregulares suscitadas en el país en décadas anteriores, la Procuraduría General de la Nación informa: pic.twitter.com/VBckfhzyLn
— PGN Guatemala (@PGNguatemala) February 18, 2026
LAS POSIBLES ADOPCIONES
El pronunciamiento de la PGN surge luego de que la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, compartiera un comunicado donde los expertos manifestaban su preocupación por la posible participación de la fiscal general en adopciones irregulares.
El informe señala que al menos 80 niños indígenas dados en adopción internacional estuvieron en el “Hogar Temporal Elisa Martínez”, bajo la dirección de Porras, y habrían sido víctimas de desaparición forzada entre 1968 y 1996.
Los expertos calificaron la situación como alarmante y recordaron que Porras busca integrar la Corte de Constitucionalidad. Además, consideran que quienes enfrentan acusaciones creíbles de violaciones a derechos humanos no deberían ser nombrados hasta que se investigue a fondo.
PORRAS NIEGA ACUSACIONES
Por su parte, Porras rechazó las acusaciones en su contra y las calificó de “falsas y políticamente instrumentalizadas”, señalando que carecen de sustento probatorio y son malintencionadas.
La fiscal general recordó que los Procedimientos Especiales de la ONU se rigen por el Código de Conducta aprobado por el Consejo de Derechos Humanos mediante la Resolución 5/2.
Además, anunció que iniciará acciones ante los mecanismos competentes de Naciones Unidas para que las declaraciones emitidas sean sometidas a “revisión, aclaración y corrección”.
Porras responde a señalamiento de la ONU que la involucra en posibles adopciones ilegales
