Luego de que el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, evitara revelar su salario en el Ministerio Público (MP) al asegurar que “la ley no lo permite”, el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, a través de sus redes sociales compartió un análisis respecto a sus declaraciones.
La pregunta formulada por La Hora fue: “Usted se hace llamar el fiscal del pueblo… Nos gustaría saber a cuánto asciende su salario”.
A lo que Curruchiche respondió: “De acuerdo a la ley, el salario de alguna persona no se puede proporcionar. No es porque no se quiera. El artículo, si no mal recuerdo, 24, no permite que se dé ese tipo de información”.
ORTIZ: LA REGLA GENERAL
Según Ortiz, las declaraciones de Curruchiche son incorrectas y confunden a la población, «el fiscal del pueblo dice que su salario no es información pública (…) veamos lo que dice el fiscal. Este es un perfecto caso para conocer nuestros derechos», comienza en el video.
El abogado explicó que, conforme al artículo 30 de la Constitución, toda la información es pública por regla general, salvo casos específicos relacionados con seguridad nacional, asuntos diplomáticos en curso, en los que la información se puede considerar bajo reserva o confidencial al público.
“Recordemos, la regla general es que la información es pública, salvo que haya una excepción”, enfatizó. Afirmando que para que la postura del fiscal sea válida, tendría que existir una excepción legal aplicable.
LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Según Ortiz, incluso revisando la ley mencionada por Curruchiche, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), tampoco existe un respaldo para negar esa información.
El constitucionalista citó el artículo 10, literal cuarto, que establece que todos los salarios y remuneraciones son información pública de oficio, es decir, deben estar publicados en los portales de todas las instituciones obligadas, incluido el Ministerio Público.
Ortiz agregó que, si el salario del jefe de la FECI no se encuentra en las excepciones del artículo 30 de la constitución, tampoco encaja en las excepciones previstas en el artículo 23 de la LAIP, que abarcan temas como seguridad nacional, propiedad intelectual o información vinculada a investigaciones criminales.
“El salario del fiscal no tiene nada que ver con una investigación penal ni con asuntos de seguridad interna, no hay una conexión directa, ni tampoco en las demás excepciones del artículo 23. Es decir, no encaja ni en las excepciones constitucionales, ni en las legales”, puntualizó.
“¿DESCONOCIMIENTO O MALA FE?”
Tras revisar ambos marcos legales, Ortiz concluyó que no existe fundamento para ocultar el salario de Curruchiche. “¿Desconocimiento de la ley? ¿Mala fe? Bueno, eso lo juzgan ustedes”, afirmó en su video.
Recordó además que el acceso a esta información es crucial, mencionando como ejemplo la reacción ciudadana cuando se conoció el incremento salarial de los diputados a Q66 mil. Según el abogado, hechos como ese demuestran por qué es necesario exigir que se respete el derecho al acceso a la información.
Ortiz subrayó que el Ministerio Público ha negado reiteradamente información relevante que, por ley, debería ser pública. Por ello, hizo un llamado a que se publiquen los salarios de sus funcionarios. “Debemos exigir que se respete nuestro derecho al acceso a la información pública y que se hagan de conocimiento público los salarios de los funcionarios del Ministerio Público”, concluyó.
