En un comunicado dirigido al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Cargador del Espacio Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales de Iximuleu, solicitó la destitución del juez Fredy Orellana.
Según el documento las autoridades ancestrales piden que se revise la actuación de Orellana en su función como juez del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, luego de que este, a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ordenara declarar la nulidad del comité pro formación y del partido Movimiento Semilla.
PROCESO DISCIPLINARIO Y DESTITUCIÓN
El Consejo manifiesta su preocupación ante lo que consideran un “abuso de poder” por parte de Orellana. En este sentido, solicitan a la CSJ revisar las actuaciones del juzgador y así como someterlo a un proceso disciplinario y en consecuencia sea destituido del cargo que ostenta.
Según el Consejo, la acción de Orellana, sumada a lo que perciben como una actitud reiterada de desobedecer las leyes y resoluciones emitidas por los órganos competentes, ha generado una crisis social, política y económica “innecesaria” en Guatemala.
Las autoridades ancestrales enfatizan que su petición se ajusta a lo establecido por el artículo 28 de la Constitución de Guatemala, que otorga a los ciudadanos el derecho de dirigir peticiones ante los poderes públicos y recibir respuestas dentro de un plazo de treinta días.
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CC DEJA FIRME LAS ELECCIONES
Tal como se consignó en la nota: “CC deja en firme elecciones 2023 y advierte a Orellana por posible prevaricato”, este miércoles 29 de octubre la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la resolución emitida por el juez Orellana.
Aunado a esta orden, el alto tribunal constitucional, le «advierte» a Orellana, que se “abstenga de contravenir las disposiciones Constitucionales, o legales en especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático, republicano, representativo del Estado, tomando en consideración que actualmente los resultados del proceso electoral son inalterables”.
Según la resolución, la Corte estima que si Orellana continúa emitiendo resoluciones de esta naturaleza, podría incurrir en el delito de prevaricato.
CC deja en firme elecciones 2023 y advierte a Orellana por posible prevaricato
