Durante la Quinta Reunión de las Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias (GAPECA V), que se llevó a cabo los días 21 y 22 de octubre en Antigua Guatemala, los representantes de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptaron un total de 28 recomendaciones orientadas a modernizar y transformar los sistemas penitenciarios en la región.
Según la OEA, las recomendaciones buscan transformar las cárceles en espacios centrados en la dignidad humana, la rehabilitación y la reinserción social, garantizando al mismo tiempo la seguridad de la ciudadanía. Entre las principales sugerencias se incluye la modernización de la gestión penitenciaria mediante planes de acción basados en «evidencia y resultados verificables».
El organismo destacó la importancia de combatir la sobrepoblación carcelaria, con metas a cumplir para 2030, promoviendo medidas alternativas a la prisión y modernizando la infraestructura penitenciaria, además de profesionalizar al personal encargado de los centros, entre otras recomendaciones.
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REFORMA PROFUNDA EN GUATEMALA
Durante la reunión, el Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que “Guatemala está decidida a emprender una reforma profunda de su sistema penitenciario. Creemos que hacerlo con la experiencia compartida de otros países es una ventaja”.
Por su parte, el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, indicó que “el crimen no puede resolverse mediante el encarcelamiento masivo ni la construcción de más prisiones. El propósito del encarcelamiento debe orientarse a proteger, reducir la reincidencia y garantizar la rehabilitación y la reintegración social”.
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LAS RECOMENDACIONES
Entre las 28 recomendaciones adoptadas por los Estados miembros destacan:
- Humanización integral: Se propone humanizar los sistemas penitenciarios, garantizando seguridad, rehabilitación y reinserción social, respetando la dignidad y los derechos humanos.
- Modelo de gestión orientado a resultados: Instan a adoptar modelos basados en evidencia, con indicadores de desempeño y monitoreo continuo, que permitan medir el impacto real de las políticas penitenciarias y mejorar la toma de decisiones.
- Plan de acción: Recomiendan elaborar un plan de actualización de la gestión penitenciaria, que modernice modelos, mejore infraestructura, reduzca reincidencia y vincule los sistemas penitenciarios con seguridad y justicia criminal.
- Políticas y prácticas penitenciarias: Se sugiere apoyar la implementación de políticas que consideren la prisión como medida excepcional, fortalezcan medidas alternativas y garanticen derechos y reinserción social.
- Justicia restaurativa: Promover prácticas de reparación del daño y diálogo entre las partes, complementando la justicia retributiva y garantizando rendición de cuentas y restauración de relaciones.
- Lucha contra la discriminación: Se insta a implementar medidas contra la discriminación en todos los niveles del proceso penal, incluyendo protocolos, capacitación y rendición de cuentas para el personal penitenciario.
- Estrategia contra la sobrepoblación: Diseñar planes para usar eficientemente las plazas penitenciarias, reducir el hacinamiento para 2030 y mejorar la integración con libertad vigilada y programas de reinserción social.
- Modernización de Infraestructura: Aplicar estándares internacionales para infraestructura penitenciaria progresivamente, considerando capacidades técnicas y financieras de cada país.
- Profesionalización del personal: Establecer programas de formación inicial, capacitación continua, especialización por roles y evaluación de desempeño para el personal penitenciario.
- Seguridad institucional y protección: Fortalecer la seguridad física y procedimental, prevenir corrupción, proteger a visitantes vulnerables y evitar operaciones del crimen organizado en los centros penitenciarios.
- Enfoque diferenciado y especializado: Implementar políticas adaptadas a los diferentes perfiles de internos, garantizando programas de rehabilitación, reducción de reincidencia y reinserción social según necesidades y riesgos.
- Atención especializada para perfiles de alta seguridad: Diseñar protocolos específicos para internos de alta seguridad, combinando seguridad y respeto a los derechos humanos, con infraestructura adecuada y personal capacitado.
- Financiamiento y sostenibilidad: Promover fuentes de financiamiento sostenibles, alianzas público-privadas y cooperación internacional para modernizar infraestructura y sistemas financieros penitenciarios.
- Participación de la Sociedad Civil: Fomentar la participación activa de la sociedad civil en el diseño, implementación y monitoreo de políticas penitenciarias.
- Tecnología estratégica: Incorporar videovigilancia inteligente, biometría, sistemas de alerta y plataformas digitales, garantizando seguridad y resguardo de derechos humanos.
- Tecnología para rehabilitación: Usar plataformas educativas, telemedicina y aplicaciones de seguimiento post-liberación para fortalecer la rehabilitación y reinserción social.
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- Marcos éticos y legales: Establecer normativas nacionales que regulen el uso de tecnología en prisiones, protegiendo datos personales y derechos humanos.
- Sistema de información regional: Crear un sistema regional de datos penitenciarios coordinado por la OEA, con indicadores comunes y reportes comparativos anuales.
- Estrategia integral contra infiltración criminal: Neutralizar la infiltración del crimen organizado mediante inteligencia penitenciaria, protocolos de seguridad, control de contrabando y coordinación institucional.
- Control de Comunicaciones: Evitar comunicaciones ilícitas desde prisiones mediante inhibidores, monitoreo, decomiso de dispositivos y sanciones para facilitadores.
- Inteligencia penitenciaria especializada: Crear unidades especializadas para analizar redes criminales, identificar líderes y coordinar con agencias de inteligencia nacionales y regionales.
- Integridad Institucional: Fortalecer programas de ética, muestreos de confiabilidad, rotación estratégica y sanciones contra corrupción en el personal penitenciario.
- Cooperación regional anticrimen: Reforzar la cooperación entre países para intercambio de información, operaciones conjuntas y protocolos de alerta frente a crimen organizado en prisiones.
- Red de cooperación técnica: Crear una red interamericana para intercambio de buenas prácticas, evaluaciones cruzadas y respuesta coordinada ante crisis penitenciarias.
- Programa regional de capacitación: Establecer un plan de formación común, certificación de especialistas, intercambios académicos y plataforma virtual de aprendizaje.
- Próxima reunión: Convocar la sexta reunión de autoridades penitenciarias en Argentina y apoyar al país anfitrión en la planificación del encuentro.
- Seguimiento a próximas reuniones: Implementar un cronograma de seguimiento con reportes anuales, evaluación virtual en 2026 y preparación de la próxima reunión en 2027-2028.
- Encargos al DSP: Encomendar al Departamento de Seguridad Pública la creación de planes de acción, programas de capacitación, redes de cooperación, inventario de instituciones, protocolos anticrimen organizado y acreditación de cárceles, asegurando estándares regionales y derechos humanos.
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