Trata de menores en centros carcelarios será erradicada con la implementación de sistema biométrico y cámaras de vigilancia

Yesica Peña
Yesica Peña

Luego de que el Congreso de la República aprobara el Decreto 3-2025, este jueves 20 de febrero se dieron a conocer más detalles para evitar la trata de menores y las sanciones para personas que se vean implicadas en este delito.

Durante la ronda semanal del Ejecutivo, la Vicepresidenta, Karin Herrera, mencionó que desde 10 meses atrás, se propuso la iniciativa, que ha sido impulsada en conjunto con la Secretaria de Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas (SVET) y el Refugio para la Niñez.

Según la vicepresidenta, esta Ley pondrá un orden en los centros carcelarios, con el fin de que ningún niño y niña realice visitas íntimas.

«Quienes sean responsables de dañar la dignidad de una niña, de un niño o un adolescente en el sistema penitenciario tendrán que estar dispuestos a recibir o enfrentar las consecuencias de ese acto ilegal que cometieron», expresó Herrera.

¿DE QUÉ TRATA LA LEY?

El propósito de esta Ley es proteger a la niñez guatemalteca de los delitos de trata de personas dentro del Sistema Penitenciario. Esta nueva Ley es una reforma al Decreto 33-2006 de la Ley del Régimen Penitenciario, la cual regula las visitas de menores a los centros preventivos.

La reforma establece que los menores únicamente podrán realizar visitar a los centros carcelarios cuando los reos sean parientes consanguíneos dentro del primer o segundo grado.

Asimismo, busca la desarticulación de las redes de trata de menores de edad y adolescentes.

MEDIDAS

Danisa Ramírez, secretaria ejecutiva del SVET dio a conocer los detalles sobre como operará la ley, empezando por las reformas al Régimen de la Ley del Sistema Penitenciario y al Código Penal.

Según Ramírez, el decreto 3-2025 contiene siete artículos, también contempla la creación de un Sistema Único de Registro de Control de visita general, que permite verificar el parentesco con los reos, de no evidenciar el parentesco se negará el ingreso a dichos centros.

También se creará el uso de un sistema biométrico, mediante el uso de cámaras de vigilancia para el registró de control de ingreso y salida de los menores y adolescentes, el cual tiene un plazo de 18 meses para su creación.

Estas medidas deben ser en coordinación con el Sistema Penitenciario, el Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), quienes deben tenerlas constancia del registro nacional de agresores vigente.

SANCIONES

Además, se crea el delito de ingreso ilegal de niñas, niños y adolescentes a centros de detención, que castigara a quienes intenten el ingreso de los menores con penas de 8 a 18 años de prisión y multas de Q100 mil a Q500 mil.

Adicionalmente, habilita un mecanismo de visitas virtuales, y establece que la persona adulta acompañante debe tener la patria potestad o tutela del menor.

***Con información de José Orozco.