El 19 de agosto, el Instituto de la Víctima (IDV), informó que derivado de la detención de Ligia Hernández, el cargo de directora general en funciones, lo asumirá Olga del Rosario Alfaro Pineda.
Según el comunicado emitido por IDV, la conducción del instituto también estará a cargo de Rodrigo Alvarado Palma como secretario general. Esta acción será válida hasta que Hernández solvente su situación legal.
Los cambios dentro del IDV se dieron luego de que el juez séptimo penal, Fredy Orellana, autorizó una orden de captura en contra de la titular de la entidad a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, dentro del caso denominado «Corrupción Semilla Fase II».
VINCULADA A COMISIONES PARALELAS
Durante la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones para el periodo 2019-2024, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entonces a cargo de Juan Francisco Sandoval, reveló el caso denominado «Comisiones Paralelas 2020».
Según las pesquisas del caso, el ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, recibió a varios integrantes de las Comisiones de Postulación, así como diputados, quienes elegirían a los magistrados, en un sanatorio ubicado en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, en donde permanecía recluido.
Entre los actores que visitaron a Alejos figuró la representante por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) Olga del Rosario Alfaro Pineda; el entonces decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos (USAC), Estuardo Gálvez, el rector de esta casa de estudios, Murphy Paiz, quienes integraban la Postuladora, así como los candidatos Luis Ruiz Ramírez, Jennifer Candelaria Dell’Acqua Lima, Juan Salvador Soto Hernández, entre otros actores políticos.
En esta línea se determinó que Alejos realizó una lista paralela para integrar la nómina de candidatos que posteriormente sería integrada al Congreso de la República.
Posteriormente, el Ministerio Público (MP) interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual ordenó a los diputados realizar la elección de personas con capacidades, sin embargo, la Alianza de Vamos en el Congreso retrasó la elección hasta el 15 de noviembre de 2023.
CC ANULA ACUERDOS
Sin embargo, en mayo pasado, la alta Corte decidió anular los acuerdos de colaboración eficaz de Olga del Rosario Alfaro, dentro del caso, luego de una apelación solicitada por la Procuraduría General de la Nación (PGN).
CC mantiene anulación de acuerdo de colaboración eficaz en caso Comisiones Paralelas 2020
Durante la testificación, Alfaro explicó cómo se dieron las supuestas negociaciones para elegir la nómina de candidatos a magistrados, pero la CC sostuvo que había negado con anterioridad un amparo en la misma línea.
GIRAN ORDEN DE CAPTURA CONTRA HERNÁNDEZ
El pasado 13 de agosto, el Juzgado Séptimo Penal «A» a cargo de Fredy Orellana giró una orden de captura en contra de Hernández a petición de la FECI de Rafael Curruchiche, por el delito de financiamiento electoral no registrado dentro del caso “Corrupción Semilla Fase 2”.
La Fiscalía explicó que la orden de captura se dio luego de un informe rendido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto al proceso electoral de 2019.
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DECLARACIONES
Hernández publicó un video en el que calificó la acción con una nueva injusticia realizada por el MP con el fin de criminalizar, no obstante, dijo que se haría presente ante la justicia.
Asimismo, el Gobierno de Guatemala afirmó que se trataba de un “ataque de la minoría corrupta”, que demuestra que actores antidemocráticos atrincherados en el ente investigador buscan atacar instituciones democráticas y afectar la seguridad nacional.
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INVESTIGACIONES EN CURSO
Según el MP, el proceso judicial seguirá en curso de acuerdo con los procedimientos legales establecidos. Debido a que el caso se encuentra bajo reserva judicial, en el momento oportuno darán a conocer los avances de la investigación.
Finalmente, destacaron que por el caso «Corrupción Semilla», tres personas han sido sentenciadas por la vía del procedimiento especial de aceptación de cargos al aceptar su responsabilidad en la comisión de delitos ante el juez competente.
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