MEM denuncia corrupción en proyectos contratados por Q975 millones en el INDE

Este 18 de julio, en conferencia de prensa, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, dio a conocer las denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) por anomalías halladas en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) entre 2022 y 2023, cuyo monto sobrepasa a un total de Q900 millones.

Junto a Ventura se encontraba la ministra de Economía, Gabriela García, y el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza y Julio Flores, comisionado Contra la Corrupción.

Ventura señaló que la auditoría corporativa del INDE ejecuta un plan para auditar contratos, los cuales estaban vigentes y aprobados durante la administración de Alejandro Giammattei, por más de Q975 millones.

LAS DENUNCIAS

Entre los casos destacados, Ventura indicó que estos corresponden a diferentes áreas, como la generación de energía eléctrica, que incluye la repotenciación y modernización de plantas generadoras, construcción de una subestación, proyecto de electrificación rural, suministros para plantas generadoras y servicios de consultorías. Entre ellos:

CASO SANTA MARÍA

El proyecto de «Repotenciación Santa María», NOG 19141084, ubicado en el municipio de Zunil, Quetzaltenango, el cual fue adjudicado en julio de 2023 por un total de Q196 millones 143 mil 307.

CASO FOTOVOLTAICO, ALTA VERAPAZ

Igualmente, se detectó en el Proyecto Fotovoltaico, Alta Verapaz, NOG 19568750, por un total de Q66 millones 984 mil 761.

CASO GUACALATE

También un segundo contrato, Fotovoltaico Guacalate, NOG 19138695, por Q116 millones 997 mil 761. Entre este caso también va incluido el Fotovoltaico Edificio Central, NOG 1659372 por Q7 millones 695 mil 520, el de Suministro Chicoy, NOG 17624908, el cual asciende a Q6 millones 634 mil 594 y finaliza con el Proyecto Jurún Marinalá, NOG 17646197, con una inversión de Q3 millones 716 mil 592.

Con ello, indicó que el resumen de auditorías sería presentado en dos partes:

PRIMER GRUPO

Las auditorías incluyen las contrataciones, las cuales tenían un total de Q410 millones, los cuales ya fueron auditados.

De este grupo Ventura destacó que encontraron contrataciones que no tuvieron el avance físico, pero hubo entrega de anticipos, los cuales no corresponden al avance financiero otorgado.

Además, detalló que existen contratos en donde no existe avance físico ni financiero; entre ellos mencionó el proyecto de repotenciación Santa María, ubicado en el municipio de Zunil, Quetzaltenango, por un monto total de Q196 millones.

Adicionalmente, mencionó que se identificó una malversación de fondos por Q3 millones, en la sede de un organismo internacional en Guatemala.

Asimismo, el Consejo de Electrificación de América Central (CEA), el cual tenía una cuenta en dólares, reportó que fue blanqueada durante el período de la pandemia COVID-19.

Las acciones efectuadas como resultados de las auditorías van en la línea de certificar el incumplimiento, eliminar contratos y la inhabilitación de proveedores.

SEGUNDO GRUPO

Adelantó que hay un segundo grupo auditado, el cual será una segunda fase que suma un monto de Q565 millones.

Entre este grupo, Ventura destacó que está incluido el proyecto de construcción de la subestación de Melchor de Mencos, Petén, el cual totalizó Q200 millones, así como el proyecto de electrificación rural por Q110 millones y el mantenimiento de la subestación Los Brillantes en Retalhuleu y Tactic, Alta Verapaz.

CASO INTERINSTITUCIONAL

El director de la Comisión Nacional Contra la Corrupción reiteró que es importante entender la dimensión de estos patrones que se han detectado; además destacó que han realizado mesas interinstitucionales, ya que no bastará el esfuerzo de una sola entidad para acreditar casos tan relevantes como el denunciado.

Expresó que, lamentablemente, se escuchan los datos, pero se debe coincidir en que no es algo nuevo que se está exponiendo, pues son patrones que sistemáticamente se han identificado dentro de las dependencias de la administración pública y que permiten concluir que la funcionalidad de las instituciones se determinaba a seguir prácticas corruptas.