Freedom House publicó un informe en el que posicionó a Guatemala con un puntaje de 52 de 100 en 2020 (un punto menos que lo obtenido en 2019), en aspectos de derechos políticos y libertades civiles, destacando que si bien Guatemala celebra elecciones periódicas que en general son libres, el crimen organizado y la corrupción impactan severamente el funcionamiento del gobierno.
La entidad que emitió está información es considerada como la organización estadounidense más antigua dedicada al apoyo y defensa de la democracia en todo el mundo, estableciéndose formalmente en Nueva York en 1941 para promover la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y la lucha contra el fascismo.
En un apartado sobre Guatemala del reporte “Democracia Sitiada”, explica que los esquemas de violencia y extorsión criminal son problemas graves y las víctimas tienen poco recurso a la justicia y que periodistas, activistas y funcionarios públicos que enfrentan el crimen, la corrupción y otros temas delicados corren el riesgo de ser atacados.
En el análisis de país, destacan que el año pasado los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar en Guatemala en mayo y alcanzaron un pico en julio y que, a finales de año, más de 138 mil personas se habían infectado y más de 4,800 habían muerto, según investigadores de la Universidad de Oxford. El gobierno cerró las fronteras, instituyó un estricto bloqueo y aprobó un gran paquete de ayuda bajo poderes de emergencia.
ATAQUES CONTRA JUECES, FISCALES Y ACTORES DE SOCIEDAD CIVIL SE INTENSIFICARON
Por otro lado, enfatizan en que tras la salida en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respaldada por la ONU, los esfuerzos para abordar la corrupción sistémica y la impunidad se deterioraron, los enjuiciamientos se estancaron y los ataques contra jueces, fiscales y actores de la sociedad civil se intensificaron.
Mientras la elección de magistrados a los tribunales superiores se ha retrasado durante más de un año debido a irregularidades procesales, presunta corrupción y al incumplimiento por parte del Congreso en los criterios de selección exigidos por la Corte de Constitucionalidad.
Incluso, mencionan como la aprobación de un controvertido presupuesto para 2021 desató protestas masivas en noviembre de 2020, que se encontraron con represión y arrestos.
LA CORRUPCIÓN SIGUE SIENDO UN PROBLEMA GRAVE
Sobre la corrupción añaden que a menudo está relacionada con la delincuencia organizada y que sigue siendo un problema grave.
“La CICIG operó durante doce años antes de que el gobierno lograra cerrarla en 2019. Desde su cierre, las autoridades y los legisladores han seguido obstruyendo la lucha contra la corrupción, los enjuiciamientos se han estancado y muchos casos de alto perfil han perdido impulso debido a una falta de apoyo”, afirmaron.
Aunque remarcan que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha seguido adelante con las investigaciones de funcionarios de alto nivel en administraciones actuales y pasadas, la falta de apoyo por parte de la Fiscal General ha debilitado los esfuerzos para frenar la corrupción.
Al hablar de la existencia de una independencia judicial, el documento menciona que esto se ve afectado por la corrupción, la ineficacia, la incapacidad y la intimidación de jueces, fiscales y testigos, tanto por parte de actores externos como de figuras influyentes dentro del poder judicial.
La Corte de Constitucionalidad (CC) demostró independencia en varias sentencias en 2020, sin embargo, los continuos intentos de destituir a sus magistrados y los ataques públicos en su contra, junto con la negativa constante del Congreso y la Corte Suprema de cumplir con sus sentencias, generaron serias preocupaciones sobre el debilitamiento de la independencia del poder judicial.
GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR
Por posiciones, considerando los países que conforman el Norte de Centroamérica, se observa a Guatemala con 52 puntos, El Salvador con 63 y Honduras con 44 puntos.
ACERCA DEL REPORTE
La metodología del informe se deriva en gran medida de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948. Freedom in the World se basa en la premisa de que estas normas se aplican a todos los países y territorios, independientemente de la ubicación geográfica, etnia o composición religiosa, o nivel de desarrollo económico.
Freedom in the World opera partiendo del supuesto de que la libertad de todas las personas se logra mejor en sociedades democráticas liberales.
