POR REDACCIÓN LA HORA
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El viernes pasado, durante el acto protocolario de la celebración del LXII Aniversario de la Marina de la Defensa Nacional, el presidente Alejandro Giammattei dijo que las fuerzas del mar del Ejército han colaborado en la lucha contra el crimen como el narcotráfico. “En el mar hemos logrado ser efectivos, y no lo digo yo, lo dicen nuestros socios, naciones amigas en la lucha que tenemos en conjunto”
Asimismo, Giammattei afirmó: “Estoy convencido que seguirán manteniendo esa presión operacional en el mar para negar el uso de nuestro espacio marítimo al crimen trasnacional”.
El Presidente agradece a todas las fuerzas del ejército por los logros del 2020. "Se seguirá manteniendo esa presión operacional en el mar para vedar el espacio marítimo al crimen trasnacional". pic.twitter.com/ekB3wgnefJ
— Diario La Hora (@lahoragt) January 15, 2021
En ese contexto, La Hora entrevistó a David Martínez-Amador, analista político con especialidad en los riesgos del crimen organizado sobre la gobernabilidad democrática, para analizar las declaraciones del mandatario, y si estas tienen sustento técnico.
La Hora: El Presidente aseguró en el aniversario de la Marina que “se seguirá manteniendo esa presión operacional en el mar para vedar el espacio marítimo al crimen trasnacional”, y sobre el supuesto control que estos tienen en el mar. La pregunta crucial es: ¿Cuál es la viabilidad técnica de esa propuesta debido a las capacidades operacionales que tiene la Marina guatemalteca?
David Martínez-Amador: Las estructuras de narcotráfico tienen al momento capacidades que rebasan por mucho las capacidades operacionales institucionales en el plano marítimo. No se trata solamente de “capturar”, se trata literalmente de lograr patrullar las áreas enteras. En este sentido, la capacidad de reacción institucional es muy limitada. Al mismo tiempo, es vital reconocer este detalle.
Los informes estadounidenses, particularmente los vinculados al Comando Sur, detallan que las capacidades del crimen organizado se han enfocado con mayor fuerza en las rutas áreas debido al efecto de la pandemia Covid-19. Por lo tanto, si bien todas las ramas institucionales involucradas en esto merecen apoyos, el énfasis no son -en este concreto momento- las rutas marítimas sino la penetración brutal por aire que tiene el país. No es solo una debilidad guatemalteca sino regional centroamericana, una región que parece ser el paraíso de los “cielos abiertos” para el tráfico de drogas.
LH: ¿Cómo hacer esa afirmación sin ningún sustento más que algunas incautaciones?
DM-A: Es una de las debilidades de esta administración, y es una debilidad heredada de la administración anterior (aunque mucho más marcada ahora), es la escasa inclinación técnica del actual gobierno. La regla de una gestión pública eficaz es aceptar -aunque cuesta- que lo técnico debe siempre definir lo político. Pero en Guatemala, lo “político define lo técnico”, lo “ideológico define lo técnico” en prácticamente todos los ámbitos.
Es así en la gestión frente al Covid-19, “lo económico define la tecnicidad de las medidas”, y es así en el plano de seguridad. No hay capacidades, infraestructura, equipo. En efecto, las amenazas de tipo asimétrica cómo la que plantea el crimen transnacional requieren inversión en capacidades. Pero esto abre otro dilema, la escasa o nula transparencia en asignación de presupuesto para adquirir capacidades en el rublo de defensa y seguridad. Así las cosas, esto es un círculo vicioso.
LH: ¿Es válido hacer una afirmación de esas o cómo considera que realmente es la situación del país actualmente ante el paso de droga y el narcotráfico?
DM-A: Es una afirmación política, y punto, con poca referencia empírica, no con respecto al diagnóstico del problema, pero sí errado en las capacidades. El mensaje presidencial es correcto al referir que estas amenazas de corte asimétrico son graves; colocan una presión sobre el Estado compleja a la cual hay que responder.
La situación del narcotráfico en el país es grave, el país es penetrado por mar, tierra, pero de coyuntura, el problema es el ingreso de aeronaves a un nivel nunca visto. El punto serio, y sobre todo crítico, frente a la percepción que desde Washington ya se tiene, es que este nivel de la carencia o una fragilidad institucionales es deliberado, hay una colusión de aparato institucional reflejada en el desmantelamiento deliberado de capacidades y en la poca transparencia al interno de la estructura de seguridad. Eso debería ser preocupante.
LH: El MP reportó que en 2020 incautó un total de 12,778 paquetes de cocaína, así como US$1 millón vinculados a estructuras dedicadas al narcotráfico. ¿Pero, cuánto podría estimarse que sí está pasando por el territorio nacional?
DM-A: La última cifra a la que tuve acceso en conjunto con expertos estadounidenses triplica fácilmente estas cifras. No hay que ser genio para darse una idea. El decomiso hecho en enero en el Petén (Las Cruces) se decomisó un total de US$160 millones. Si eso es un sólo decomiso, lo que no logra ser detenido es mucho más.
Aquí es donde el análisis desnudo otras realidades. Los informes de inteligencia estadounidenses afirman que cada piloto contratado para manejar estas aeronaves que ingresan a territorio guatemalteco reciben US$5,000 en compensación. El número de aviones es altísimo con lo cual la pregunta es ¿de dónde salen tantos pilotos? ¿Qué academias están produciendo estos pilotos casi en “cadena industrial”? Pero sin duda, el reto estratégico es el control aéreo.
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LH: ¿Qué riesgos hay actualmente del narcotráfico sobre Guatemala y la región?
DM-A: La región puede clasificarse cómo una región de cielos abiertos para el narcotráfico. Una región donde las voluntades institucionales están coludidas con el crimen organizado. Una región donde la estructura económica incluso depende fuertemente del lavado de activos. Y a nivel de procesos políticos, las campañas están fuertemente financiadas por el narcotráfico.
La cuestión es no sólo en Guatemala sino en la región Triángulo Norte no es si somos narcoestados sino ¿De cuál tipo somos? Lo anterior es simplemente determinar el nivel de colusión, es decir, que tantos actores paralelos que están en la clandestinidad pueden incidir directamente sobre procesos políticos concretos.
LH: ¿Qué se esperaría en este tema de parte de EE. UU. considerando que ya inicia el Gobierno de Joe Biden?
DM-A: Dado que la administración Biden le dará prioridad a la meritocracia tradicional estadounidense, la política exterior y el combate al crimen organizado retomará la fuerza tradicional que ha tenido en Estados Unidos esta agenda. Eso quiere decir, sí, mayor influencia -hasta donde le sea posible- sobre esta región.
Además, es importante notar que, dado que la administración del Presidente López Obrador está claramente mostrando poca voluntad de colaborar en materia de narcotráfico y crimen organizado con los Estados Unidos, es viable pensar que EE. UU. va a intentar correr su nivel de influencia sin duda en los países del Triángulo Norte donde puede presionar a los actores políticos y empresariales con mayor fuerza.
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¿Qué significa esto?, el juego no será más, la simple cancelación de visas. Sin duda, extradiciones de exfuncionarios de alto nivel que hayan colaborado con el crimen organizado, operaciones encubiertas en la región por parte de la DEA (cómo la operación “Black Mass” llevada a cabo en Guatemala sin conocimiento del gobierno del expresidente Morales) y sin duda la utilización de la Ley Magnitsky.
Lo último tiene un mensaje importante de leerse, la corrupción de un gobierno, el desbaratamiento institucional de un Estado no tomar lugar sin un apoyo tácito por parte de sus propias élites. Por ello es por lo que, EE. UU. ha puesto en la mesa de su política exterior hacia Centroamérica la utilización de la Ley Magnitsky.
