Por Lourdes Arana
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El 9 de septiembre pasado la excandidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres solicitó una audiencia con la jueza Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, para pedir una modificación en las medidas de coerción que se le han otorgado y la audiencia se llevaría a cabo este lunes. Sin embargo, su abogado se apersonó a la judicatura para indicar que ya no haría la petición.
Sandra Torres buscaba liberarse de la prohibición que le impuso la jueza Eva Recinos el pasado 8 de enero, para comunicarse con otros señalados en el caso de financiamiento electoral no registrado de la UNE, además, solicitar que se le permita participar en actividades políticas.
Las prohibiciones fueron impuestas por la jueza Recinos, mientras que decretó arresto domiciliar a favor de Torres.
La excandidata presidencial se encontraba detenida en la cárcel de Mariscal Zavala por los delitos de financiamiento electoral no reportado y asociación ilícita, por el que también están señalados varios congresistas y financistas de la agrupación política incluyendo a Gustavo Alejos vinculado a otros cinco casos penales, entre ellos, Comisiones Paralelas 2020.
Se solicita por parte de FECI que se declare en rebeldía a Sandra Torres y que sea enviada a prisión preventiva, esto al no haberse presentado a la audiencia que solicitó para modificar sus medidas sustitutivas. pic.twitter.com/YYongoeZGn
— Diario La Hora (@lahoragt) September 21, 2020
EL CASO
Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Sandra Torres no habría registrado Q27.6 millones ante el TSE, durante la campaña electoral de la UNE en el 2015.
La agrupación política se encontraba a cargo de Torres quien además era la candidata a presidenta durante dicha campaña.
lEA: Sandra Torres pide audiencia: busca tener plena libertad de acción
NO SE PRESENTA A AUDIENCIA
Torres no se presentó a la audiencia personalmente, por lo que la FECI pidió que fuera declarada en rebeldía. Sin embargo, la jueza de Mayor Riesgo «A», Claudette Domínguez no aceptó la petición, por lo que su situación legal sigue siendo la misma.
