Por Redacción La Hora
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) expuso hoy ante el juez Miguel Ángel Gálvez que la excongresista Daniela Beltranena y el sindicado Juan Luis Ortíz, incumplieron con las medidas distintas a las prisión que se les fueron otorgadas en el Caso Cooptación del Estado.
La unidad de investigación pidió que ambos fueran enviados a prisión preventiva, ya que, en el caso de la exdiputada, incumplió con un permiso especial de arresto domiciliario por problemas de salud, debido a que se reunió con el diputado Javier Hernández en un centro comercial el 2 de marzo pasado.
La FECI solicitó al juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, que se revoque el permiso especial con el que fue beneficiada la exdiputada Daniela Beltranena, esto para que permanezca en su residencia por el Caso Cooptación del Estado. pic.twitter.com/voqZYH07q0
— Diario La Hora (@lahoragt) August 3, 2020
En tanto que Ortíz, según la sección del Ministerio Público (MP), si bien le fue concedido el arresto domiciliario, él únicamente tiene permiso para ir a laborar; pese a ello, agregó la FECI, salió a manifestar el 18 de junio pasado en contra de las restricciones impuestas para prevenir el COVID-19.
La FECI también pidió que Juan Luis Ortíz Álvarez sea enviado a prisión por el Caso Cooptación del Estado. El sindicado fue beneficiado con arresto domiciliario. Según la fiscalía, él únicamente tiene permiso para asistir a laborar, pero salió a manifestar el 18 junio pasado. pic.twitter.com/Jmplp9K0mn
— Diario La Hora (@lahoragt) August 3, 2020
JUEZ GÁLVEZ MANTIENE BENEFICIO Y FIJA AUDIENCIA
No obstante, el juzgador decidió mantener el arraigo y ese beneficio para los dos sindicados, argumentando el contexto de la pandemia del COVID-19, sin embargo, añadió que se programará una nueva audiencia en septiembre para verificar que estén cumpliendo con las medidas que les fueron impuestas.
CASO
En esta investigación, según la FECI hubo una estructura que, inicialmente, financió de forma irregular al extinto Partido Patriota y posteriormente al llegar al poder dicha organización política en 2012, algunos miembros del grupo obtuvieron beneficios por el otorgamiento de contratos y/o beneficios estatales.
