POR REDACCIÓN LA HORA
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Analistas y profesionales de diferentes áreas cuestionaron al Congreso de la República por realizar propuestas y armar paquetes a puerta cerrada, lo cual denota poca transparencia. Esto a criterio de algunas personas consultadas es un insulto para la ciudadanía. En primera lectura el Congreso aprobó Q20 millones más para el legislativo, Q5 millones para los ex constituyentes que han accionado penalmente contra Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y Q1.5 millones más para el Parlacen.
EDGAR ORTIZ: ESTÁN ACTUANDO COMO SI NO ESTUVIÉSEMOS EN CRISIS
A decir del analista político Edgar Ortiz, aunque hubo propuestas que pasaron y otras que no, vale la pena resaltar la intención oscura de armar esos paquetes y aprobarlos a puerta cerrada, pues a decir de Ortiz, lo que están haciendo es aprobar tras bambalinas los acuerdos y luego aprobarlos en sesiones poco transparentes como la que se realizó ayer.
“Lo que están haciendo, a pasos acelerados es llegar a los niveles de putrefacción de las últimas legislaturas, lo cual es una pena, porque había aún en el ambiente algún aura de esperanza, pero están comprometiendo mucho su credibilidad en un momento en el que el país está viviendo y vivirá momentos muy duros”, puntualizó.
De acuerdo con Ortiz, los diputados no han dimensionado que el país todavía no ha sentido el impacto de la crisis; sin embargo, agregó que en un mes esto será una catástrofe y la población estará en contra de las actuaciones que los legisladores están teniendo en este momento.
“Yo no sé si es mala fe o ceguera, no sé si no entienden o no se dan cuenta. Están actuando como si no estuviésemos en crisis, de una forma irresponsable. Parece que no pasa nada y lo que hay que hacer es tomarse la foto con la iniciativa, porque, además, proponen cosas que no tienen sentido”, enfatizó el analista.
Además, agregó que los parlamentarios no han articulado una mesa de trabajo seria y aún no dimensionan que lo que están haciendo, acciones que Ortiz calificó como algo “muy grave y muy serio”.
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A decir de Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana (AC), el Congreso no ha tenido claras las prioridades ante la emergencia actual, en la que existe una crisis de salud y de economía.
“Creemos que el Congreso no tiene claras las prioridades en este momento, existe una crisis humanitaria tanto de salud y economía, la personas pobres y vulnerables van a pasar una etapa muy difícil en sus vidas y el Congreso prioriza sus propios beneficios, eso resulta inmoral y totalmente deplorable”, dijo Cux.
Además, Cux aseguró que ve detrás de estas acciones intereses personales y políticos, ya que dentro de los paquetes que se buscaron aprobar incluían destinos que no eran la emergencia del COVID-19.
“Considero que son puros intereses personales y políticos, por ejemplo, dentro del dictamen figuran fondos para Cocodes (obras en ejecución), para la Contraloría, para el mismo Congreso, para el Parlacen y para la Asociación de Dignatarios”, afirmó Cux.
CIEN: SE INFORMARÁN SOBRE LO APROBADO
Del Centro de Investigaciones Económicos y Nacionales (CIEN), indicaron que se informarían más al respecto de lo sucedido en el Congreso para emitir una opinión al respecto.
RICARDO BARRIENTOS: ES UN INSULTO A LA CIUDADANIA
Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dijo que su opinión en general es que hay que distinguir, que hay un grupo de diputados que están tratando de beneficiarse y beneficiar a algunos sectores con la emergencia y que no todo lo que se está discutiendo en el Congreso, es malo.
De hecho, mencionó que dos préstamos que se aprobaron la semana pasada resultan adecuados, uno es para Emergencias y Catástrofes del Banco Mundial y el otro es con el Banco Interamericano de Desarrollo y los destinos fueron establecidos en la Ley de Emergencia Nacional, mencionó.
“Eso lo vemos bien porque la verdad son recursos de emergencia que el Gobierno y Guatemala en general necesita, sin embargo, (ayer) jueves (fue) un día que está marcado porque el Congreso, específicamente la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda ha emitido dos dictámenes que, sí definitivamente van muy mal, insisto no todo lo que está discutiéndose en el Congreso es malo”, aseveró.
Por lo que, a su parecer, es necesario tener criterio técnico para distinguir lo valioso de lo espurio. En ese sentido, expuso sobre la iniciativa de ley número de registro 5691, por la que el ICEFI le envió una carta a la Comisión de Finanzas del Congreso, indicando que la propuesta de dar exención de impuestos por cien años para que vengan empresas extranjeras a invertir en Guatemala, “es un disparate”.
Además, dijo que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), había opinado que es totalmente dañina y que prácticamente, quebraría la espalda financiera del Estado justo en momentos de crisis, al otorgar beneficios fiscales a empresas.
En cuanto a la iniciativa de ley 5719, Barrientos advirtió que esta es una iniciativa de ley que presentó originalmente el Organismo Ejecutivo el 18 de marzo en donde solicitaba Q7 mil 29 millones de ampliación presupuestaria, en los que Q5 mil los iban a cubrir con bonos del tesoro y Q2 mil 29 con préstamos.
Pero en la Ley de Emergencia se amplió el presupuesto con Q3,667.5 millones todo financiado con los prestamos ya mencionados anteriormente, y ahí se incluyeron medidas para atender la emergencia, y lo único negativo de ello fue que los préstamos del Ministerio de Economía a través del viceministerio de la Pequeña y Mediana Empresa iban a otorgarle en apoyo a la crisis y que esto no debía excluir a las Personas Políticamente Expuestas, que dice era lo más reprobable de la ley.
En tanto la ampliación, dijo iba favorable por Q5 mil 138.9 millones, y aquí lo que se ve es que mantienen algunas de las solicitudes que el Ejecutivo había hecho el 18 de marzo, pero que la Comisión de Finanzas modificó, y en el que se incluyen Q26 millones para el Congreso de la Republica que son Q20 millones para el Parlacen, y Q1 millón adicionales que ya tenía para la Asociación de Dignatarios de la Nación, también para pagar deuda pública, con deuda pública.
En ese sentido, para Barrientos, el dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para la Iniciativa de ley 5719 adolece de errores graves de forma y fondo, añadió.
De acuerdo con Barrientos, los diputados que firmaron este dictamen demuestran una profunda y grave ignorancia de la legislación al haber hecho esta propuesta y que en el tema financiero es un insulto a la ciudadanía que en plena crisis se le quiera regalar aún más dinero a la Asociación de Dignatarios de la Nación y exconstituyentes.
Para el analista, este no es el momento para estar dándole más dinero al Parlacen, “creo que hay un consenso ciudadano general casi absoluto que ese Parlacen debería desaparecer fue algo que ofreció Giammattei y no lo ha hecho, luego hay asignaciones millonarias Q200 millones para los incentivos forestales que eso no es prioridad en este momento”.
IPNUSAC: NO SE DESEA VER PIÑATA DE LOS RECURSOS
Consultada respecto a las intenciones del Congreso de la aprobación de recursos para el Parlacen, exconstituyentes y el Legislativo, la analista Geidy de Mata expresó que la prioridad en estos momentos es la crisis que se está enfrentando por el COVID-19 y lo que menos se desearía ver es que se haga “piñata” con los recursos del Estado.
“Hemos estado evaluando las decisiones que se han venido tomando y no tienen una visión estratégica e, incluso, situaciones como la de eliminar los recursos que ingresan en política fiscal para 100 años, eso es seguir manteniendo prebendas y privilegios para ciertos sectores y no hay un punto de equilibrio”, manifestó la directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC).
De esa manera, la entrevistada hizo un llamado a la reflexión, ya que se valora el esfuerzo del Organismo Ejecutivo en estos momentos, pero el Legislativo tiene que ejercer su legitimidad, porque de lo contrario los efectos e impactos de la crisis van a afectar aún más fuerte a la clase trabajadora.
“Debe de haber programas y estudios diagnósticos que sustenten –la asignación de presupuestos–, pero el asignar solo por así, a estas tres instituciones, yo no lo veo una visión estratégica, sino que ahí lo que prevalece son intereses particulares sobre una visión de país”, puntualizó De Mata.
ASÍES: ES UN ABUSO Y UNA BURLA PARA LA CIUDADANÍA
Por su parte Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), comentó que es un abuso y una burla a la ciudadanía de utilizar como pretexto la emergencia del coronavirus para dar recursos a organizaciones que no “tienen nada que ver con atender la emergencia”.
“Es algo injustificable y una ofensa para la población, puede ser que incluso algunas actividades justificaran algún aporte del Estado a alguna actividad u organización, pero no se justifica y no tiene ningún sentido incluirlas -a esas tres instituciones- o aprovechar la emergencia para colar esos recursos”, agregó el politólogo.
Asimismo, Linares dijo que se tiene que ser transparentes y si el Congreso necesita asignar un gasto y si es justificable y responden a compromisos del Estado se debe hacer, pero no dentro de la emergencia, ya que es “como que alguien salga a comprar comida para una familia y lo que hace es gastarlo en licor. Es una estafa”.
