Por Grecia Ortíz
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Un informe de Human Rights Watch, apunta a que algunos salvadoreños que han sido deportadas son asesinados tras regresar a El Salvador, hallazgo que forma parte de una investigación en la que la organización identificó al menos 138 casos.
De acuerdo al informe, “Deportados al peligro: Las políticas de Estados Unidos sobre deportación exponen a salvadoreños a muerte y abusos”, se están deportando a salvadoreños que enfrentan amenazas de muerte y otros abusos graves.
En el documento de 117 páginas, se identifican casos de 138 salvadoreños que, desde 2013, fueron asesinados tras haber sido deportados de Estados Unidos, además de otros 70 que sufrieron golpizas, agresiones sexuales, extorsiones o torturas.
Asimismo, detallan que entre los agresores que perpetraron estos abusos se incluyen pandillas, exparejas íntimas y miembros de la policía o incluso fuerzas de seguridad salvadoreñas.
“A sabiendas, las autoridades de EE. UU. han puesto en riesgo a personas salvadoreñas al enviarlas a circunstancias donde enfrentan la posibilidad de homicidio y ataques contra su seguridad”, manifestó Alison Parker, directora adjunta del Programa sobre EE. UU. de Human Rights Watch y coautora del informe.
TAMBIÉN SON VÍCTIMAS DE OTROS ABUSOS
Además, expresó que hay un número estremecedor de salvadoreños que son blanco de homicidio, violación sexual y otras formas de violencia después de ser deportados, al tiempo que se limita el acceso de estas personas al asilo y hace caso omiso de los resultados “letales”, que provocan las políticas implementadas por la administración Trump.
Por ello, instan a las autoridades estadounidenses a superar el alcance limitado de sus leyes sobre asilo “brindando una amplia protección a todas las personas, como muchos de los salvadoreños que se mencionan en el informe, que al regresar se enfrentarían a un riesgo concreto de sufrir daños graves”.
Para realizar la investigación, Human Rights Watch documentó cerca de 150 entrevistas que incluyeron deportados, familiares sobrevivientes, trabajadores salvadoreños de organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos así como abogados inmigratorios estadounidenses.
EL SALVADOR NO ES SEGURO
Por ello, explican que El Salvador no es un país seguro para muchos deportados, pues Human Rights Watch documenta el riesgo de extorsión y abusos que enfrentan las personas que han vivido durante mucho tiempo en EE. UU.
“Las personas deportadas a El Salvador a menudo se enfrentan a los mismos agresores y daños de los que huyeron inicialmente, incluidos funcionarios gubernamentales”, destacó Parker.
A la vez, la representante de Human Rights Watch, dijo que EE. UU., debería brindarles procedimientos de asilo plenos y justos y un trato digno.
Parker: “Antes de deportar a los salvadoreños, las autoridades estadounidenses deberían tomar en cuenta el increíble peligro y los daños que puedan sufrir al regresar”.
ALGUNOS DE LOS CASOS
Además, explican que entre los salvadoreños deportados, que fueron asesinados o sufrieron abusos se encuentra, “Jacinto K.”, que se dispuso que fuera deportado de Estados Unidos junto con su esposa luego de haber vivido allí varios años y regresó a El Salvador con sus tres hijos, incluido Óscar, a quien entrevistaron cuando tenía 15 años.
“Jacinto murió tras recibir un disparo en público apenas dos semanas después de nuestra entrevista. La familia cree que los responsables serían miembros de una pandilla. En la actualidad, Óscar cambia frecuentemente de casa para ocultarse”, dice el informe.
También figura “Adriana J.”, una ex policía salvadoreña que huyó a Estados Unidos tras ser amenazada por pandillas, se le negó asilo y fue deportada en 2015 o en una fecha posterior nuevamente a El Salvador, donde miembros de una pandilla la abatieron a disparos en 2017.
Otro de los ejemplos que exponen los peligros, es el de “Angelina N.”, que huyó de una situación de abuso a manos de un miembro de una pandilla, fue deportada en 2014 y fue violada en reiteradas ocasiones por esa misma persona luego de regresar a su país.
Mientras que a los primos “Walter T.” y “Gaspar T.” que huyeron para evitar ser reclutados por pandillas cuando tenían 16 y 17 años, respectivamente, se les negó asilo y fueron deportados por Estados Unidos a El Salvador en 2019.
“Poco después de llegar nuevamente al país, fueron llevados de sus casas por policías y retenidos en cuarteles policiales, donde agentes les propinaron reiteradas golpizas mientras afirmaban que serían acusados por pertenecer a pandillas. Luego de tres días bajo custodia, la policía liberó a Walter y Gaspar sin formular cargos”, dice el informe en el que incluyen otros casos.
