Por Margarita Girón*
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Mónica Monge, asesora del despacho de la Contraloría General de Cuentas, dijo que la Contraloría General de Cuentas (CGC), está por culminar la auditoría realizada al proyecto del Libramiento de Chimaltenango y agregó que de momento se tiene un aproximado de diez hallazgos, que podrían derivar en sanciones administrativas o incluso penales, tanto para la institución como para el proveedor, es decir el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o la empresa constructora.
Según indicó Monge, dicha autoría la llevó a cabo la dirección de auditoría del sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda, a través de un equipo que incluyó auditores, ingenieros y equipo de la Dirección de asuntos jurídicos de la Contraloría General de Cuentas.
Monge detalló que la auditoría se realizó en aproximadamente 70 días, llevando a cabo una evaluación financiera y técnica del proyecto. También indicó que luego de la evaluación se hicieron algunos hallazgos que podrían derivar en algunas acciones administrativas o penales.
Además, mencionó que de momento aún se encuentran en la fase de evaluación para verificar qué es lo procedentes.
“Podrían ser sanciones económicas, administrativas, procesos de cuentas o incluso podrían ser de tipo penal si así lo consideran los técnicos que evalúan el proceso de auditoría”, dijo Monge.
MP ESPERA RESULTADOS
Durante la primera semana de enero, el jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), Stuardo Campo, informó que aún estaban a la espera de que la Contraloría enviara los respectivos informes de la investigación realizada al proyecto de construcción del Libramiento de Chimaltenango y posterior a ello, realizarían un análisis y tomaría la decisión pertinente en el caso y las acciones a emprender por parte del ente investigador.
El ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jose Luis Benito, confirmó durante una citación al Congreso de la República, durante el 2019, que el costo del Libramiento de Chimaltenango oscilaba en los Q478 millones, el cual se hizo por medio de un contrato con Conasa con un monto inicial de Q312 millones y que posterior a ello se hizo una ampliación de Q64 millones, además de otro contrato con la empresa Renova de Q77 millones. Dato que no incluye los gastos derivados de los derrumbes ocurridos durante el 2019. Según la empresa encargada del proyecto, ellos asumieron los costos y no el Estado.
*Con información de Denis Aguilar
