Por Cristian Velix
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El fiscal Carlos Videz, quien tiene a cargo el Caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, expediente por el cual tiene orden de captura el ex ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, expresó que el ex funcionario público irrumpió en la residencia del embajador de Colombia en el país, en donde supuestamente él estaba oculto.
“Él nos comentó (el embajador) que anteayer por la noche irrumpieron con el embajador Acisclo Valladares (su padre), en su residencia; de esa cuenta, al día siguiente, presentó la solicitud de asilo y fue negada por Colombia”, manifestó el investigador.
El fiscal indicó que el exministro, su padre, su madre y su hermano entraron a la casa, según le comentó el embajador, en donde se quedaron hasta ayer por la noche cuando le fue negada la figura de asilado político.
De esa manera, Videz refirió que el señalado es un prófugo de la justicia, además de que tiene una orden de detención internacional, misma que fue gestionada con anterioridad por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
VALLADARES MOLINA NIEGA QUE SU HIJO SEA PRÓFUGO
Por su parte, Acisclo Valladares Molina, padre del exministro, comentó en su cuenta de Twitter que su hijo no es “ningún prófugo” y agregó que “inmediatamente después de entregar el cargo de ministro él se presentó personalmente” a la Torre de Tribunales.
“Quedó a su citación para comparecer de inmediato el día y hora que estos señalen (los juzgados). ¡No al pervertido show!”, mencionó por la red social el embajador de Guatemala en el Reino Unido, quien no desmintió lo expresado por el investigador.
INVESTIGACIÓN
Valladares Urruela es señalado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, ilícitos por los que la FECI pidió que fuera detenido y posteriormente fuera llevado al Juzgado de Mayor Riesgo “D”, dirigido por la jueza Erika Aifán.
Si bien en su momento el exministro asistió a esa judicatura a ponerse a disposición, la Fiscalía explicó que pidió que se girara orden de captura debido a las acciones que él emprendió para entorpecer las investigaciones en otros casos en los que podría estar vinculado.
La unidad de investigación referida señala al ex funcionario público, entre otros hechos, de administrar una empresa fuera de plaza con sede en Panamá, denominada Luces Internacional S.A., la cual estaba relacionada con el empresario Gustavo Alejos, también señalado en el proceso.
Esta entidad era propietaria de los apartamentos del edificio Casa Margarita, mismos que aparentemente fueron adquiridos con fondos que provenían de sobornos dados por el empresario José Maynor Palacios Guerra, quien pudo haberle otorgado a Alejos alrededor de US$ 7 millones, presuntamente, a cambio del otorgamiento de contratos de obra pública o para obtener pago de deuda estatal.
