Por Redacción La Hora *
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La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “Oliverio Castañeda de León” y Acción Ciudadana (AC) accionaron, por separado, en la Corte de Constitucionalidad contra la aprobación de la Ley de Aceptación de Cargos, considerando que la misma es lesiva y que es similar a las reformas que aprobaron los diputados en 2017, además de alegar que hubo vicios en su aprobación.
De acuerdo con la AEU, las reformas al Código Procesal Penal aprobadas ayer en el Congreso, son lesivas para la ciudadanía y deforman el proceso penal.
El abogado Carlos Bezares, quien acompañó a los estudiantes, señala que los diputados han tergiversado el proceso penal y que se pone en peligro a los operadores de justicia.
Según Bezares, podrían salir liberados en una primera declaración extorsionistas, los sindicados de asociación ilícita, el lavado de dinero u otros activos, “el impacto que estas reformas van a traer el país, pueden ser demasiado nefastas”, dijo el abogado.
“Y todo esto por intereses personales, propios o de terceros que en este momento están viviendo procesos penales y que les han sido cercanos políticamente”, agregó.
Bezares también señaló que buscan la suspensión del acto legislativo porque se dieron varios vicios en la aprobación de la Ley de Aceptación de Cargos, como por ejemplo que las enmiendas no se las dieron a los diputados opositores, lo cual es una violación al artículo 120 de la Ley del Organismo Legislativo.
AC: COPIA DE REFORMAS DEL 2017
En tanto, Acción Ciudadana, que también accionó en la CC, manifestó que la aprobación de la referida ley se trató de una “copia calcada” de lo que los diputados intentaron hacer en septiembre de 2017, que en la práctica representa una liberación de personas acusadas de delitos graves.
De acuerdo con AC, los diputados del Congreso, liberados de la presión social que tuvieron en 2017, lograron aprobar a sus anchas esta ley, que favorece la criminalidad e impunidad.
Es por ello que presentaron una acción constitucional de amparo, que busca restituir la certeza jurídica en la aplicación de la ley penal.
A decir de la organización, varios legisladores tenían conflicto de interés y la normativa aprobada no solo tiene violaciones de fondo sino que fue aprobado con vicios de procedimiento, como haber pasado por alto una discusión profunda del proyecto de ley y negado el acceso de su contenido a muchos legisladores.
*Con información de Denis Aguilar
