Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) explicó este día que las evaluaciones de jueces y magistrados se estarían realizando durante los próximos tres a cuatro meses, al tiempo que señalaron que no hay reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, vigente desde 2016, que permita la medición de desempeño de los integrantes de la carrera judicial.
A pesar de que no hay un reglamento que haya sido aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el CCJ indicó que buscarán un acercamiento con la máxima corte del Organismo Judicial (OJ) para la publicación de este documento relacionado con la normativa mencionada.
El pronunciamiento de ese ente se da luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le ordenara que realizara las evaluaciones a jueces y magistrados en cumplimiento del Artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial, esto en el marco de las Comisiones de Postulación de CSJ y Corte de Apelaciones.
Ayer, esa Corte otorgó un amparo provisional a favor de la Fundación Myrna Mack que alegaba que se estaba incumpliendo lo estipulado en dicho Artículo, ya que el Consejo debe remitir, conforme a su desempeño satisfactorio de sus funciones, una nómina de jueces y magistrados a las Comisiones de Postulación que hayan mostrado interés en participar en el proceso de elección de magistrados, esto para que ellos gocen de la gradación que estas establezcan.
De esa forma, Carlos Guerra, presidente del CCJ, manifestó que entre mañana miércoles o el jueves se estará presentando un proyecto a la alta corte del OJ, indicando que el Consejo acordó trabajar un reglamento sin cuestiones financieras y únicamente para darle cumplimiento a la medición de desempeño.
“Hemos decidido seccionar el reglamento y diseñar uno solo para evaluar jueces y magistrados y darle cumplimiento a lo establecido por la CC”, comentó Guerra, antiguo titular del Juzgado Cuarto de Instancia Penal.
En su momento, la magistrada de la CSJ, Silvia Valdés, reconoció que el reglamento no se había aprobado, debido a que el Departamento Jurídico del OJ había recomendado que no se aprobara debido a las falencias que tenía el proyecto presentado por la actual administración.