Por: Cristian Velix
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La Sala Primera de Apelaciones aún no ha programado, según ha señalado en reiteradas ocasiones la judicatura, la audiencia en la que el diputado Boris España debe presentar sus pruebas de descargo por la solicitud de retiro de antejuicio que hay en su contra por el Caso Tigo.
De esa forma, el congresista no ha comparecido ante juez pesquisidor para desvirtuar los señalamientos realizados en este expediente judicial por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y, en su momento, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
España es el único legislador que no ha asistido a la Torre de Tribunales para entregar sus pruebas de descargo.
Por ese motivo ya comparecieron ante algún magistrado de Sala, los parlamentarios Estuardo Galdámez, Haroldo Quej, Juan José Porras, Gustavo Medrano y Marco Antonio Orozco, todos ellos señalados en esta carpeta judicial.
CASO
Los entes investigadores mencionados refieren que dichos legisladores recibieron, presuntamente, pagos cada dos meses por Q50 mil, con el objeto de que se aprobaran determinadas leyes. Esos sobornos, supuestamente, provenían de la empresa de telefonía Tigo, la cual se benefició de una normativa aprobada mediante ese mecanismo, indican las pesquisas.
