Por: Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
El proceso de selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Cortes de Apelaciones ha estado marcado por varias acciones cuestionables, según miembros de la sociedad civil, tales como la celeridad del proceso, irregularidades en la elección de algunos comisionados, así como también la falta de evaluaciones de desempeño para los integrantes de la Carrera Judicial.
La aprobación de la Ley de la Carrera Judicial que entró en vigor en 2016, establece en el Artículo 76 que dicha evaluación de desempeño permitirá a quienes tienen interés, además de resultado satisfactorio en la misma, de gozar de la gradación que establezcan las Comisiones de Postulación para el proceso de elaboración del listado final de candidatos a presentar al Congreso de la República.
Sin embargo, hasta la fecha el reglamento para hacer esa medición a los jueces y magistrados no se ha aprobado, situación por la que la Postuladora para Corte de Apelaciones y la de la Corte Suprema de Justicia de este año rechazaron la papelería que envió el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), que intentó cumplir con la normativa, no obstante, lo hizo según los comisionados de forma extemporánea y sin la medición de desempeño.
Si bien, dichas evaluaciones tienen incidencia para la elección de los magistrados de las Cortes del país, también pueden determinar el ascenso de miembros de la carrera judicial, asimismo, su posible destitución.
En ese contexto, analistas coincidieron que está en entredicho la capacidad e idoneidad de los integrantes de la carrera judicial al no existir esas evaluaciones, aunque resaltaron que la actual legislación contiene falencias.
“Al haber una inexistencia de reglamentación y de evaluación están obligando a la Comisiones de Postulación a violar la ley, lo que están haciendo es que están recibiendo expedientes de aspirantes a las magistraturas que son parte del sistema de carrera judicial y los están evaluando como a todos los demás, el caso del juez (Miguel Ángel) Gálvez es uno de los más sonados”.
Edgar Ortiz, Fundación Libertad y Desarrollo.
EL CCJ HA SIDO IRRESPONSABLE
Para Edgar Ortiz de la Fundación Libertad y Desarrollo hay un “retraso evidente” en la implementación de la Ley de la Carrera Judicial y considera que en estos momentos se está viendo, porque ya fueron convocadas las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Corte de Apelaciones, en donde las mediciones que debían presentar no se remitieron.
“Hay que recordar que el Artículo 76 de la ley es categórico, en el sentido de que para premiar la carrera judicial el CCJ debía implementar un sistema de evaluación y enviar esa evaluación de desempeño de aquellos magistrados que quisieran continuar en el sistema o aquellos de instancia que quisieran ascender y entonces las Comisiones de Postulación iban a recibir ese informe”, explicó el analista.
En esa medida, el profesional manifestó que se ha notado que el CCJ fue incapaz, tras casi tres años de vigencia de la normativa, de elaborar esa reglamentación y los parámetros de medición de desempeño, lo que “nos metió en un problema terrible”.
“Tenemos un vacío legal en estos momentos, para que las Comisiones de Postulación decidan cómo van a incorporar a los magistrados y los jueces de carrera, teniendo en cuenta que no existe esa evaluación de desempeño, porque el Consejo nunca la hizo”, expresó el abogado.
Además, el entrevistado dijo que de alguna forma estaría en entredicho la idoneidad y capacidad de los integrantes del Consejo, porque esos artículos 76 y 77 de la citada ley están estipulando un mandato legal, el cual es que hay que evaluar a los jueces del sistema.
“Al haber una inexistencia de reglamentación y de evaluación están obligando a la Comisiones de Postulación a violar la ley, lo que están haciendo es que están recibiendo expedientes de aspirantes a las magistraturas que son parte del sistema de carrera judicial y los están evaluando como a todos los demás, el caso del juez (Miguel Ángel) Gálvez es uno de los más sonados”, agregó el profesional.
Por último, el experto de la Fundación Libertad y Desarrollo expuso que hay un problema legal que, para anticiparnos al futuro, podría dar lugar a que se anule todo el trabajo de las Comisiones de Postulación.
Para ello, Ortiz refirió que hay un amparo que interpuso la Fundación Myrna Mack que cuestiona la violación al Artículo 76 y 77 de la Ley de la Carrera Judicial y que habría que esperar si en el corto plazo, incluso la Corte de Constitucionalidad (CC) podría declarar con lugar esa acción y frenar o anular todo lo actuado por las Comisiones, en virtud de que no se siguió este procedimiento.
FOTO LA HORA
SE DEBE EVALUAR EXTERNAMENTE
Por su parte, Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) comentó que la actual normativa va en compañía de una serie de leyes, que tienen el sello de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las cuales tiene un común denominador en ser legislaciones “totalmente antitécnicas”.
“Mucha gente redacta las leyes totalmente aislado de la realidad, es cuando gente que agarra un procesador de palabras y ve qué se le ocurre, pero nunca va al campo a averiguar dónde se va a aplicar”, subrayó el investigador, quien agregó que la evaluación de jueces y magistrados ya estaba estipulada en la ley, lo que sucedía era que estas “eran a la medida”.
“Todos salían como excelentes, extraordinarios, con la máxima puntuación, entonces ahí no iba a existir diferenciación de la calidad, a pesar de que en la realidad se sabe que hay calidades de calidad, entonces si la evaluación estuviera vigente o no lo estuviera, no tenía ningún respaldo, no tiene ninguna confiabilidad”, afirmó Quezada.
De esa forma, el experto indicó que hasta que no sean evaluados los jueces no podrá saberse si son idóneos para ocupar los puestos, pero con las mediciones que se solían hacer, también quedaba en entredicho ese aspecto, no del juez, sino del examinador.
El profesional expresó que nadie se podrá evaluar bien, sino se hace externamente, como lo efectúan los medios de comunicación o la empresa privada, asimismo, resaltó que los diputados del Congreso redactaron una ley a medias, que apenas se entiende, y dicen que se deberá desarrollar en un reglamento, lo cual explicó era como “lavarse las manos”.
“Redactar las leyes a medias, es simplemente salir calificado como que cumplí aprobando la ley, sobre todo cuando tienen presión cumplen con aprobar una ley, les aplauden, hay una sociedad ahí que siempre está aplaudiendo cuando se aprueban sus iniciativas, pero la misma es tan truncada que no la logran desarrollar”, puntualizó Quezada.
“Todos salían como excelentes, extraordinarios, con la máxima puntuación, entonces ahí no iba a existir diferenciación de la calidad, a pesar de que en la realidad se sabe que hay calidades de calidad, entonces si la evaluación estuviera vigente o no lo estuviera, no tenía ningún respaldo, no tiene ninguna confiabilidad”.
Francisco Quezada, CIEN.
ELABORACIÓN LE CORRESPONDE A LA CSJ
Una fuente cercana al CCJ confirmó que no existe un reglamento que permita que se evalúe a los integrantes de la carrera judicial y que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia elaborar el reglamento, pero que no lo han hecho.
En esa línea, manifestó que se envió a la CSJ un proyecto para publicación, pero se indicó que no lo iban a publicar, y al preguntar qué tanto puede afectar que no se esté aplicando la nueva ley con la necesidad de que se evalúe a los jueces, comentó que como los procesos de evaluación están en trámite, de momento, no afecta en nada.
En relación de cómo se va a aplicar la Ley de la Carrera Judicial y en específico, las evaluaciones, la fuente manifestó que se continuará aplicando el Articulo 74 de esa normativa para las mediciones de desempeño ya iniciadas (que iniciaron previo a la publicación de la nueva legislación) y que las otras se harán hasta que la CSJ apruebe el reglamento.
Anteriormente la magistrada, Silvia Valdés subrayó que, si bien el Consejo elaboró un reglamento, este les fue devuelto, debido a que el Departamento Jurídico de la Corte encontró falencias en el mismo.
FOTO LA HORA
