Por Eder Juárez
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La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) realizó una misión internacional de investigación e incidencia en Guatemala del 19 al 24 de agosto de 2019, y tras eso elaboró el informe “Guatemala: justicia y Estado de Derecho en la encrucijada”, en el que advierten del gran riesgo de retroceso para los logros obtenidos en materia de justicia tomando como punto de partida los avances en el país en los últimos diez años y la coyuntura actual.
Luego de su misión en Guatemala, la FIDH considera que los logros obtenidos en materia de justicia, lucha contra la impunidad y fortalecimiento del Estado de Derecho obtenidos en estos últimos 10 años se encuentran en serio riesgo de retroceso.
“El probable debilitamiento de la independencia de la justicia, a través de una selección viciada de los futuros magistrados de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, de la criminalización y el hostigamiento contra las personas e instituciones que han participado de distinta manera en el fortalecimiento de la lucha contra la impunidad. Esto se ha unido a otras acciones dirigidas a mermar el Estado de Derecho y a generar un marco normativo liberticida”, señala el informe.
Según la FIDH, uno de los impactos importantes del trabajo conjunto que realizó el Ministerio Público (MP) con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha sido develar y detallar la forma en que redes ilícitas, político económicas capturan las instituciones estatales para ilegalmente enriquecerse a costa de la población guatemalteca. “Esto debilita profundamente la gobernabilidad, las instituciones democráticas, fomenta la impunidad y socava el Estado de Derecho”.
Además, menciona que tal coyuntura debería obligar a los diferentes poderes del Estado guatemalteco a emprender acciones para el sostenimiento de los logros obtenidos por el Sistema de Justicia guatemalteco en la última década, y continuar fortaleciendo las capacidades e independencia de sus funcionarios y funcionarias.
Atendiendo específicamente al afrontamiento de la corrupción como un elemento esencial para abordar la dramática situación de pobreza en que se encuentra una parte importante de la población guatemalteca, refiere el informe de la FIDH.
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¿HACIA LA ADMINISTRACIÓN DE LA IMPUNIDAD?
Los nuevos diputados y el nuevo Gobierno tomarán posesión a inicios de 2020. En los próximos meses antes de 2020, existe un gran riesgo de acciones dirigidas a consolidar el proceso de reinstauración de la impunidad y de restricción de derechos y libertades por un lado a través de la elección de integrantes de las altas cortes, por otro lado, mediante el desmantelamiento de la institucionalidad dedicada a la lucha contra la corrupción y la impunidad y, por último, mediante reformas legislativas que pueden implicar un notable retroceso normativo y la generación de nuevas limitaciones en la efectividad de los derechos humanos y en el acceso a la justicia, advierte FIDH.
De acuerdo con el informe de dicha Federación, en octubre de 2019 serán designados las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones, sin embargo, “las irregularidades en la selección de magistrados y magistradas, han sido puestas de manifiesto desde el proceso de elección de 2009 por analistas y políticos, quienes han mostrado que lejos de buscar la designación de juristas competentes, estos procesos han pretendido garantizar la selección de magistrados afines que pudieran facilitar la impunidad de exfuncionarios, militares y políticos”.
Planteamientos como estos fueron corroborados por la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a través del Caso Comisiones Paralelas, a partir del cual Sergio Roberto López Villatoro, conocido como El Rey del Tenis enfrenta proceso por supuestamente interferir en la voluntad y el poder de decisión de los funcionarios con potestad de elegir a las altas autoridades del Poder Judicial, mediante el ofrecimiento de distintos beneficios, reitera esa organización.
En ese contexto, hacen mención del caso en las elecciones de 2014, cuando la Jueza Claudia Escobar renunció a su selección en la Corte de Apelaciones, después de denunciar coacciones del diputado Gudy Rivera del extinto Partido Patriota, que en ese entonces buscaba que la togada emitiera una decisión que beneficiaría a la Vicepresidenta de la República como jueza de Apelación.
El reciente informe de la Fundación Myrna Mack y la CICIG, “Impunidad y redes ilícitas: un análisis de su evolución en Guatemala” establece cómo los mismos abogados que participan en la defensa de los acusados de casos por corrupción y crimen organizado, también son parte de las listas para integrar las Comisiones de Postulación participando en la toma de decisión de quienes serán jueces.
“La preocupación de la FIDH que hechos similares se repitan se basa también en la realización de una convocatoria adelantada e ilegal para conformar las Comisiones de Postulación. De esta manera se buscaba que el trabajo de tales comisiones (recibir expedientes, verificar requisitos, calificar candidatos, etc.) corriese paralelo al proceso de Elecciones Generales y quedara relegado a un segundo plano en las actividades de fiscalización ciudadana y de los medios de comunicación”.
Por lo que la FIDH, hace un llamado al Congreso a que su participación en la elección de altos cargos del Sistema de Justicia y de instancias relevantes para el avance en la lucha contra la corrupción (Contralor General de la Nación, magistrados del TSE, etc.) “responda a criterios de idoneidad, independencia e integridad, lo que implica excluir a candidatos que se encuentran vinculados con estructuras del crimen organizado”.
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FALTA DE CLARIDAD EN LA FECI
La FIDH considera que hay una falta de anticipación y claridad acerca de quién y cómo se va hacer el seguimiento del trabajo llevado a cabo conjuntamente por la FECI y la CICIG. Esto lo evidencia el hecho de que la Fiscal no ha respondido a la CICIG respecto de su propuesta de fortalecer la FECI con las 60 personas que constituyen personal guatemalteco de CICIG (entre los que se encuentran analistas financieros y criminales, forenses y técnicos, entre otros).
“No integrar a los guatemaltecos que han trabajado en la CICIG estos últimos 12 años adquiriendo una gran experticia, constituiría una grave señal de falta de voluntad de la Fiscal de darle seguimiento a los logros obtenidos con el apoyo de la CICIG”, manifiesta en el informe la Federación.
La semana pasada, la fiscal general, María Consuelo Porras anunció un plan para el fortalecimiento de la FECI, sobre la contratación del personal guatemalteco de la CICIG, Porras dijo que se le envió la nómina de estas personas y que actualmente el proceso para ser contratados en el MP continúa con su debido trámite en recursos humanos.
Asimismo, la FIDH señala en el informe “Guatemala: Justicia y Estado de Derecho en la encrucijada” que las acciones de hostigamiento, intimidación y criminalización que han enfrentado aquellas otras personas que en estos diez años desempeñaron un papel reconocido en la lucha contra la impunidad, “hacen temer que una vez que la CICIG ya no esté operando en el país se vayan a intensificar las acciones en contra de los operadores del Sistema de Justicia, especialmente jueces y fiscales que han participado en los casos contra estructuras de corrupción y criminalidad organizada; y del personal de la CICIG que continúe en el país. Igualmente, en esta misma situación de inseguridad se pueden encontrar víctimas, testigos y otros actores involucrados en el trabajo de investigación y procesamiento de este tipo de casos”.
Además, advierte de “la posibilidad de que se desarrollen estas acciones también implicaría la continuidad en el tiempo de un clima de hostigamiento e intimidación que, sin la presencia de CICIG, tendría efectos aún más fuertes inhibiendo el trabajo de actores que han sido sumamente relevantes. Mermando así, la capacidad instalada que dejaron en instituciones y funcionarios doce años de trabajo con la Comisión”.
Por tal situación, la FIDH insta a la Fiscal General asegurar la continuidad del personal que ha permitido resultados exitosos de la fiscalía y a enriquecer el trabajo de la FECI y de otras áreas del MP con personal procedente de la CICIG.
“Todos estos factores y otros, como el hecho de que la CICIG ya no vaya a continuar apoyando el litigio de los casos como querellante adhesivo, hace temer por los resultados de los casos que se encuentran aún bajo investigación, los que están siendo procesados, e incluso aquellos que ya lograron sancionar a los responsables. Así, el propio comisionado Velázquez ha manifestado su preocupación por que todo el acumulado de estos años y los casos que han sido construidos con precisión y contundencia se puedan caer, por falta de una asistencia técnica, de fiscales conocedores de esas investigaciones, por falta del auxilio de analistas que ha estado acompañando esos casos”, refiere el informe.
Si bien algunos de estos casos están siendo conocidos por instancias judiciales de Mayor Riesgo, a cargo de jueces y juezas reconocidos por la calidad de su trabajo, “el clima de hostigamiento e intimidación en que jueces y fiscales desarrollan sus labores, así como los recursos que caben frente a las posibles sentencias condenatorias no permiten confirmar, que a pesar de la abundante prueba que existe en contra de los acusados y los testimonios ofrecidos por algunos de los que participaron en la estructura, sean suficientes para lograr condenas o para mantenerlas vigentes en el tiempo”.
La FIDH señala que la misma suerte podrían correr casos como La Línea, uno de los más conocidos del trabajo de la FECI y la CICIG en Guatemala, por lo que Insta a la Fiscal General a asegurar que el personal de las fiscalías a cargo de los casos de alto impacto respondan a los criterios de idoneidad, independencia e integridad. Y a jueces y magistrados a resolver las dificultades que se observen en los procesos por la salida de CICIG, “de manera que permitan integrar los aportes de la CICIG a los procesos”.
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ACALLAR Y CONTROLAR LA SOCIEDAD CIVIL
En uno de los capítulos del informe también se señala una dinámica por parte de actores políticos en contra de la sociedad civil, por lo que han promovido la iniciativa 5257 que pretende modificar la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, con el fin de imponer obstáculos a las organizaciones de la sociedad civil, a través de la generación de requisitos y registros innecesarios para su funcionamiento.
“Con la aprobación de esta norma se busca debilitar y acallar a la sociedad civil organizada, la cual ha sido un factor fundamental en el fortalecimiento del Sistema de Justicia y una de las voces más críticas frente a las actuaciones del “Pacto de Corruptos” y a las respuestas autoritarias del Gobierno en este marco”, refiere la FIDH.
Además, indica que la aprobación de esta iniciativa supondría un grave riesgo para la libertad de expresión y de asociación, “pues a través de ella se generaría un número importante de controles y requisitos innecesarios para el registro y funcionamiento de las ONG en Guatemala, lo cual, a su vez, implica un importante desembolso de recursos”.
“Si se aprueba esta reforma quienes reciban recursos del Estado tendrán que inscribirse en registros de numerosas instituciones, y realizar distintos trámites, entre otros, en el Ministerio de Gobernación, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y, en algunos casos, el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
La FIDH insta al Congreso a abstenerse de impulsar iniciativas legislativas que afecten negativamente a los derechos humanos de la población, o de ciertos sectores de ella; y a promover y aprobar leyes que permitan profundizar en los avances democráticos y en materia de derechos humanos. “Igualmente insta al Presidente a ejercer su derecho constitucional de veto frente a las iniciativas de ley indicadas y otras que pudieran surgir en un sentido semejante”.
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PANORAMA PARA EL NUEVO GOBIERNO
En el 2020, el panorama guatemalteco se verá condicionado por la actuación del nuevo Gobierno y la posible consolidación en esos cuatro años de este proceso de regreso a la impunidad. Cuando el 14 de enero tome posesión Alejandro Giammattei como presidente consideran que debe ser el de, “respetar la independencia judicial y la autonomía fiscal, para que siempre y en cualquier caso se investigue, juzgue y sancionen los delitos en los que puedan incurrir los funcionarios del futuro Gobierno y los que se cometieron por funcionarios en administraciones anteriores”.
Asimismo, hace énfasis en que, si bien el Organismo Judicial y el Ministerio Público son independientes, su correcto funcionamiento está relacionado con el Ejecutivo, entre otros aspectos, por la designación de la persona que ocupará el cargo de Fiscal General, por las coordinaciones que requieren para el buen funcionamiento del sistema de administración de justicia y por la asignación presupuestaria.
“En este sentido, el Ejecutivo juega un papel importante, a través del Ministerio de Gobernación del que depende la Policía, que naturalmente debe coadyuvar con la investigación fiscal y, dar debido cumplimiento a las órdenes judiciales. Asimismo, el Ministerio de Finanzas juega un papel central a la hora de atender a sus necesidades presupuestarias. Por ello, y por lo señalado en el presente documento, aunque limitado, no es poco relevante el papel que puede jugar el próximo Presidente en la continuidad de los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
¿Qué es la Federación Internacional de Derechos Humanos?
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) fue creada por varias asociaciones de derechos humanos europeas y constituye una organización internacional de defensa de los derechos humanos.
“La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos, que agrupa a 184 organizaciones nacionales de derechos humanos de 112 países. Desde 1922, la FIDH está comprometida con la defensa de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, según se definen en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, indica en su sitio web oficial.
