POR HEDY QUINO
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El pleno del Congreso aprobó esta tarde el primer de los tres debates de la “Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia que sean Trasladados fuera de las Fronteras del país sin la Documentación Legal Migratoria”, el cual busca castigar con seis meses a ocho años de prisión a las personas que trasladen a otro país a menores de edad, sin importar que este sea el padre.
Uno de los artículos de la ley dice textualmente: “Quien traslade fuera del territorio de Guatemala a menores de edad de cero meses de nacidos a doce años de edad, o adolescentes de trece años a diecisiete años de edad, serán sancionados con prisión de seis meses a ocho años”, dice.
“En caso, la persona que realice el hecho ilícito anteriormente tipificado sea alguno de los padres o ambos padres, se le solicitará al Juez competente que se le otorgue Criterio de Oportunidad, para sustituir, la pena de prisión que pueda decretarse, esto con el fin de no dejar sin amparo a los menores o adolescentes”, añade la ley.
Otra de las disposiciones de la Ley es que el Criterio de Oportunidad se le otorgara al padre que fuere arrestado, si el Ministerio Público (MP) considera que determinado caso no afecte la seguridad ciudadana ni el interés público.
La propuesta en mención fue presentada por los diputados oficialista Javier Hernández, Ileana Calles y Herber Melgar Padilla.
CIPRODENI: LEY CRIMINALIZA A PADRES DE MENORES
La Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), indicó que dicha iniciativa de ley no protege ni salvaguarda el interés superior del niño, niña y adolescente, por lo que la entidad se opone a la aprobación de la normativa.
Otto Rivera, de Ciprodeni, puntualizó que el Organismo Legislativo no solo debe detener la aprobación de esa ley, sino retirarla de la agenda legislativa, para que no vea la vida jurídica. “Esta ley no aborda integralmente las causas estructurales de la movilidad humana forzada”, dijo.
El entrevistado añadió que dicha ley no resuelve la situación de los niños y niñas separados de sus padres en territorio estadounidense, tampoco resuelve la situación de los 26 mil niños y niñas detenidos en la frontera sur ni resuelve el problema de la seguridad ciudadana.
“Esta es una ley punitiva, que criminaliza a padres y madres de familia, cuando lo que el Estado lo que se debería estar haciendo es trabajar en una reparación digna y transformadora de sus derechos, así como dotarles de un empleo y salarios dignos para que no tengan que recurrir afuera a futuras oportunidades”, declaró Rivera.
