Por Margarita Girón
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Tras la firma del convenio entre el Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y el Secretario Interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), expresó su preocupación por las consecuencias que pueda tener el Acuerdo de Cooperación respecto al Examen de Solicitud de Protección, el cual es resultado de las acciones en el ámbito diplomático entre los Gobiernos de Guatemala y Estados Unidos.
En un comunicado, señala que de conformidad con el artículo 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual se regulan las funciones de los Ministros de Estado y les otorga jurisdicción sobre todas las dependencias de sus ministerios, pero no confiere facultades para suscribir convenios entre Estados.
“El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, expresa que la función de suscripción de convenios no le compete a los Ministros de Estado, en este caso al Ministro de Gobernación y en virtud que la función pública no es delegable, no pueden recibir tal delegación”, se lee en el pronunciamiento.
De acuerdo con el Magistrado de Conciencia, la función pública no es delegable, aspecto manifiesto y afecta directamente a la Constitución.
Por otro lado, la PDH refiere que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 establece en su artículo 7 que un Estado solamente podrá manifestar su consentimiento al obligarse a un tratado, siempre y cuando estos reúnan “plenos poderes”, o las que detalle la misma convención, mencionando el Ministro de Relaciones Exteriores, Jefes de Misión diplomáticas y representantes ante Organismos Internacionales. El Ministro de Gobernación no reúne ninguna de estas características o calidades.
RODAS PIDE AL CONGRESO NO CONOCER ACUERDO
En el pronunciamiento, Rodas hace un llamado al Congreso de la República de Guatemala a no conocer el contenido de este acuerdo, ya que de conformidad a los artículos 8 y 45 de la Convención de Viena, un acuerdo de tal tipo puede surtir efectos si es confirmado por el Estado, y, por ende, el Estado de Guatemala no podría alegar nulidad en un futuro por un acto ilegal del Ministro de Gobernación.
EXISTIERON AMENAZAS
De acuerdo con la PDH, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, detalla en su artículo 52 que es “nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza”.
Asimismo, indican que, en los días previos a la ratificación de este acuerdo, se observó las diferentes amenazas del presidente de los Estado Unidos de América en contra de funcionarios de gobierno y ciudadanos guatemaltecos; “hasta el propio Gobierno de Guatemala reconoció públicamente a través del comunicado publicado el 26 de julio en el numeral 2, la existencia de amenazas transnacionales”, señala la Procuraduría.
El comunicado también manifiesta que como consecuencia de la acción realizada este 26 de julio por el Ministro de Gobernación, la Carta Magna es clara al indicar que serán nulas “ipso jure” las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.
Además, destacan que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, incluso a nivel internacional, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.
Por otro lado, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, se pronunció en un video oficial, indicando que la firma de ese Acuerdo evitó una catástrofe económica que se iba a desarrollar en el país.
Según el ministro “Más de un millón de trabajos estaba en riesgo, tener las remesas en problemas y la dificultad de poder viajar a Estados Unidos”.
Degenhart también señaló que este no es un Acuerdo de Tercer País Seguro “como se interpreta” sino que tiene características distintas.
No obstante, el presidente Donald Trump afirmó hoy que el Acuerdo que se firmó hoy fue de Tercer País Seguro.
