Por Eder Juárez
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Hoy se desarrolló una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) para definir el futuro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La vista fue por el amparo interpuesto por el abogado Marco Vinicio Mejía, el cual se deriva de una carta enviada por la canciller Sandra Jovel al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en septiembre del año pasado, en la que lo conmina a que proponga sustitutos del comisionado, Iván Velásquez, al frente de la CICIG.
De acuerdo con Mejía la decisión del mandatario de dar por finalizado el acuerdo de la Comisión está motivada por intereses personales que afectan “intereses de la humanidad”. A consideración del abogado, el país no está listo para investigar redes criminales, por lo que pidió a la CC que en su sentencia se suspenda la conminación de Jovel hacia Guterres.
Mejía indicó que el acuerdo de creación de la CICIG es de Derechos Humanos y forma parte del derecho internacional de Derechos Humanos que está vigente en Guatemala y además es Ley del país porque el Congreso lo aprobó en agosto 2007 en el decreto 35-2007 “hago esta acotación porque en su argumentación el Presidente dice que es únicamente de derecho internacional lo que se discute”.
“El hecho de imponer condiciones no acordadas en el acuerdo de creación de CICIG viola el artículo 100 de la Carta de Naciones Unidas, ratificada y suscrita por Guatemala”, dijo Mejía.
Además, aseguró el hecho de que el Presidente está violando el artículo 12 del convenio de creación de CICIG, en el que se establece que las diferencias serán dirimidas en común acuerdo de las partes. A criterio de Mejía, esto oxigenaría la discusión en torno a CICIG hasta que no se agote esta vía conciliatoria, es decir que a su consideración la Comisión se queda hasta que se agote este tema, pero que dependerá de lo que ordene en el amparo la CC.
Por su lado, el representante de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal del Ministerio Público (MP), Luis Gordillo, pidió a la Corte se le otorgue el amparo definitivo a Mejía, ya que considera innecesario que se proponga un listado de sustituto de Iván Velásquez, cuando por mutuo acuerdo se tiene establecido que el 3 de septiembre finalice el mandato de la CICIG en el país.
“Quedando estipulado el 3 de septiembre, fecha de terminación del mandato de la CICIG, esta fiscalía considera que la acción constitucional de amparo debe ser otorgada, en el sentido que se considera innecesario que ya que fue pactada la fecha de su terminación el tres de septiembre, considera innecesario poner en movimiento a todos los órganos jurisdiccionales para que presenten una nueva lista de candidatos para poder llevar a cabo el nombramiento de un nuevo comisionado”, manifestó Gordillo.
