/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105POR DOUGLAS GÁMEZ
dgamez@lahora.com.gt
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) develaron hoy varios casos de corrupción dentro del Ministerio de Salud Pública durante la administración del exministro, Jorge Villavicencio, los cuales han sido unidos en un solo caso considerado de “gran envergadura” por fuentes cercanas a las diligencias.
Por los ilícitos dentro de esa cartera serán señalados penalmente el exdiputado Luis Fernando Pérez, así como Saraí Villavicencio, hija del exministro y el propio exfuncionario, ya que, según las indagaciones, fueron quienes lideraron una estructura criminal para aprovecharse de los fondos públicos.
También la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) tiene previsto presentar diez solicitudes de antejuicio contra los diputados: Boris España, Estuardo Galdámez, Aracely Chavarría, Luis Alberto Contreras, Marco Antonio Lemus, Humberto Leonel Sosa, José Inés Castillo, Rodolfo Moisés Castañón y Ronald Arango, así como contra el alcalde de Guastatoya, quien compitió en esta elección, Saúl Beltetón.
Según las investigaciones, estas personas y otros implicados sustrajeron varios millones de quetzales del erario por medio de compras y adquisiciones de bienes, otorgamiento de plazas, licitaciones, algunas de ellas durante el terremoto de 2012 bajo el amparo del estado de Calamidad.
Hasta el momento se reportan 19 capturas, se realizarán 84 citaciones y las 10 solicitudes de retiro de inmunidad antes mencionadas.
Entre los detenidos figuran: William Edgar Sandoval Pinto, quien fue viceministro administrativo en 2013; Edna Prera Gunther; Leonel Batres Gálvez; José Alberto Rodríguez Barrera; Jorge Luis Pérez Ramírez; Javier Castillo Ochoa; Diego Francisco Villacorta Balcárcel y Herminio García de León.
También fueron detenidos Delio Edvin García, Nelson Giovanni Osorio, Byron Daniel Rojas, Blanca Paola Hernández, Juan Manuel Peláez Corzo, Roberto Samuel Dávila Meza, Rolando Pérez Martínez, Jaime Emilio Pérez, Luis Ricardo Marín Morataya Roberto Kestler Velásquez.
La información del MP y CICIG detalla que el exministro de Salud, Jorge Villavicencio tiene orden de captura, así como su hija Saraí Villavicencio y el exdiputado Luis Fernando Pérez. En total se giraron 29 órdenes de aprehensión.
Las autoridades han considerado este caso como una cooptación del Ministerio de Salud, el cual fue denominado “Asalto al Ministerio de Salud Pública”. Las diligencias judiciales fueron autorizadas por el Juzgado de Mayor Riesgo.
PLAZAS, UNA DE LAS MODALIDADES
Según las investigaciones del MP y CICIG, Sarahí, Luis Fernando Pérez y Jorge Villavicencio, se agruparon al observar la oportunidad de generarse fondos del presupuesto público, luego que este último fue nombrado ministro de Salud en 2012.
El primer paso que realizaron fue revisar el organigrama de la institución, para identificar puestos clave y nombrar a personas que aseguraran que podrían concertar negociaciones, contratos y mecanismos que les permitieran obtener fondos del Ministerio de Salud.
Una de esas modalidades fue el otorgamiento de plazas fantasma, es decir personas que no llegaban a laborar, pero sí cobraban un sueldo. También se otorgaban plazas a personas que devolvieran a la estructura parte de los honorarios que percibían por su trabajo, las autoridades detectaron 450 contrataciones de este tipo.
Estos puestos eran otorgados por la estructura o se colocaban a disposición de actores externos, como diputados, el entonces secretario Privado de la Presidencia, Juan de Dios Rodríguez, o incluso a un subcontralor, quien pidió plazas a cambio de no actuar contra las anomalías detectadas en la institución.
ESTADO DE CALAMIDAD OTRA OPORTUNIDAD
Otro mecanismo que utilizó la estructura para sustraer fondos fue por medio de la adjudicación de contratos a empresas relacionadas a Luis Fernando Pérez o de personas sugeridas por este; los requerimientos de los contratos se ajustaban a las compañías que prestarían el servicio, además, esto conllevaba el pago de coimas a los señalados.
Un evento de importancia para ellos fue el terremoto de San Marcos de 2012, ya que bajo las facilidades que otorgaba el estado de Calamidad aprobado en ese entonces, empresas allegadas a Luis Fernando Pérez y Juan de Dios Rodríguez, se habrían organizado con intermediarios, sobornos y diputados para asegurar la repartición de obras de remozamiento y reparación de centros de salud y hospitales afectados por el sismo.
Para asegurarse una distribución de los contratos, se dividieron las obras por departamentos o regiones, en este aspecto es donde resultarían involucrados diputados como Galdámez, aparentemente por funcionar como intermediarios entre constructoras y parte de la estructura.
Según el comunicado de prensa del MP y la CICIG, a la estructura le fue requerida la “participación” en los negocios, particularmente de diputados, como Estuardo Galdámez (hospital Quiché), Boris España (hospital Chiquimula) Roberto Kestler y Rolando Pérez (Hospital de Antigua Guatemala); así como de otros
Aproximadamente la estructura se habría beneficiado de más de 40 eventos de licitación, obteniendo varios millones de quetzales en sobornos, señalan el MP y la CICIG.
Similar funcionamiento tuvo la supuesta organización criminal para la construcción de cinco hospitales nuevos en Quiché, Chiquimula, Baja Verapaz, Villa Nueva y Antigua Guatemala; el común denominador era el ajuste de los requisitos de licitación a favor de las empresas, el costo de estas o que no estaban contempladas originalmente en el presupuesto; así como la calidad de estas, no podían ser utilizadas o se encuentran inconclusas.
BIENES Y SERVICIOS; MÁS COMISIONES
De acuerdo con las investigaciones, la tercera modalidad utilizada por la estructura para generar fondos era la generación de necesidades, por medio de los directores de hospitales u otros mandos, para la adquisición de bombas de infusiones, ambulancias equipos de rayos x o publicidad.
De igual manera, las empresas ligadas a Luir Fernando Pérez o allegados eran las que proporcionaban los insumos que requerían los hospitales, siempre con sobornos de por medio, señalan el MP y la CICIG.
Según fuentes cercanas a las diligencias, este caso conllevó tres años de trabajo para los investigadores y se sustenta por medio de análisis policiales, financieros, correos electrónicos, así como una colaboración eficaz la cual fue complementada con colaboraciones de otros casos conexos.
Se estima que la estructura pudo percibir más de Q91 millones en coimas. Hasta el momento no se ha informado de la captura de Saraí Villavicencio, Luis Fernando Pérez o Jorge Villavicencio.
