Por: Cristian Velix
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La Sala Tercera de Apelaciones atendió un recurso de apelación especial interpuesto en esa judicatura y absolvió a los implicados en el Caso IGSS-Pisa e IGSS- Chiquimula, por lo que revocó la condena emitida por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal el 26 de septiembre del año pasado contra varios de los sindicados en esos casos.
De esa forma, la Sala Tercera decidió absolver a Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling, del delito de cobro ilegal de comisiones.
Asimismo, liberó del cargo de fraude a los integrantes de la junta directiva del IGSS señalados en el caso IGSS-Pisa, entre ellos, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, Julio Roberto Suárez Guerra, Julia Amparo Lotán Garzona y Max Erwin Quirín Schoder.
Por otra parte, la Sala también retiró el delito de fraude a Álvaro Manolo Dubón González, Doris Elubia González Salazar, Mayra Lissbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañón Guerra y Carmen Yadira Gil Quiñonez.
También levantó las medidas precautorias de las cuentas bancarias embargadas de la Droguería Pisa. Según dicha Sala, el fallo a favor de los acusados se dio debido a un error de fondo en la resolución condenatoria.
De igual manera el órgano jurisdiccional mencionado resolvió quitar el delito de fraude a Francisco Cortez Bocaleti, quien señalado en el Caso IGSS-Chiquimula.
A criterio de la judicatura, el Tribunal cometió una falta al decretar que la empresa debía pagar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) la cantidad cercana a las Q3 millones 400 mil, ya que la institución estatal resultó afectada por el hecho delictivo.
Sin embargo, la Sala dijo que no se llevó a cabo la audiencia de reparación digna en la que se debía determinar el monto con el que se repararía el daño causado por la entidad mercantil mencionada.
Esta judicatura argumentó en su decisión que tampoco se pudo determinar con certeza la responsabilidad de la empresa en el caso, esto al indicar que Edgar René de la Peña Archila y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, gerente de ventas y representante legal, respectivamente de esa entidad, fueron absueltos en el proceso penal por el Tribunal.
«La resolución favorable valida lo asegurado por Max Quirin desde el inicio de este proceso, hace más de cuatro años, que su actuar se apegó siempre a la ley, cumplió a cabalidad con los procedimientos de compras regulados, nunca consintió ningún acto de corrupción y no sebenefició económicamente en nada anómalo durante su participación en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social», cita un comunicado difundido tras conocerse la resolución.
INVESTIGACIÓN
Según las pesquisas realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), los señalados en el caso permitieron la contratación de la Droguería Pisa para brindar el servicio de diálisis en el IGSS, sin contar con la capacidad para hacerlo.
Los entes investigadores también indican que hubo un grupo delictivo que se benefició de forma ilegal de la administración pública por la contratación de servicios para la remodelación de instalaciones del IGSS en Chiquimula.
