Caso Botín: Tras 106 audiencias ¿Por qué aún es tan emblemático?

Por: Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

El 18 de enero de 2017, se anunciaba la captura en la zona 4 de Mixco de Samuel “Sammy” Morales, el hermano del presidente Jimmy Morales, por su presunta implicación al Caso Botín Registro de la Propiedad. El hijo del mandatario también fue requerido por el juzgado contralor del expediente ese día.

La lucha contra la corrupción iniciada en 2015 por el MP y la CICIG, alcanzó a las máximas autoridades del gobierno del Partido Patriota por distintas anomalías en varias entidades, y entre los señalados, también resultó Anabella de León, extitular del Registro de la Propiedad y una de las principales figuras de la cúpula de esa agrupación.

Ese caso derivó, además, en la vinculación del hermano y al hijo del mandatario, José Manuel Morales Marroquín, por anomalías relacionadas a facturas de servicios que esa entidad pagó pero que no recibió.

Desde ese día empezó el proceso penal en contra de los familiares del Presidente, que llevó a que la jueza Silvia de León, entonces titular del Juzgado Sexto de Instancia Penal ordenara que se abriera juicio en contra de ellos y 23 personas más.

Este proceso, además de las implicaciones políticas que generó para el país y el cambio de actitud de Morales hacia las entidades que lideraron la lucha anticorrupción de ser un aliado a su principal opositor, ha tenido como particularidad su duración, ya que actualmente se han realizado más de cien audiencias en un período de un año y diez meses.

A pesar de que el debate oral se encuentra en su fase final, el mismo ha estado marcado por una dilatada programación de audiencias, diversidad de recursos planteados por la defensa, entre otras situaciones, como la exclusión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), luego que el Presidente intentara de manera repentina en enero expulsar a la organización, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto su actuar.

El debate lleva hasta la fecha 106 audiencias realizadas, entre las que Sammy, incluso, con un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), intentó suspender el juicio, petición que fue rechazada por el Tribunal Decimotercero de Sentencia Penal, judicatura que tiene a cargo actualmente el expediente judicial.

¿POR QUÉ ES UN CASO PARA REMARCAR?

Cuando Sammy y José Manuel Morales fueron vinculados al Caso Botín Registro de la Propiedad, el mandatario se encontraba en la inauguración de una escuela en la aldea Xab de Retalhuleu.

Expresiones como “respaldo total” a sus familiares, pero con “respeto total a la ley”, fueron las declaraciones de Morales ese día de enero. Sin embargo, los hechos posteriores a la implicación de su hermano e hijo al Caso Botín Registro de la Propiedad, según analistas, demuestran lo contrario.

EL CASO QUE EMPUJÓ A MORALES A SU PAPEL OPOSITOR

“Ha sido un proceso que encontró la CICIG cuando perseguía la corrupción del Partido Patriota, y el caso del hermano y del hijo del Presidente fue casi un accidente dentro de la investigación, que atajó la Comisión y que generó una polarización”, explicó Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo.

Según el experto, este caso es importante para exhibir las redes de corrupción dentro del Registro de la Propiedad, lo que debería ser el punto principal de la atención, sin embargo, considera que se pierde de vista su trascendencia al enfocarse únicamente en los familiares del mandatario.

El abogado añadió que la lucha contra la corrupción vivió su mejor momento entre 2015 y 2017, pero que en la medida que se fueron tocando a ciertos actores se procuró el retroceso de lo alcanzado.

“Este caso lo que provocó fue que el Presidente, que tampoco había sido el gran defensor de la lucha contra la corrupción, pero por lo menos no la entorpecía, se volvió uno de los elementos más importantes de ese proceso de reversión”, agregó Ortiz.

Además, explicó que esto cambió paulatinamente el rumbo del país para mal, hacia un proceso lento que termina con la salida de CICIG como su punto más visible, y que también empujó a que buscaran de nuevo “meter los tentáculos” en el Ministerio Público (MP) y “dar el golpe final” en las elecciones de los jueces de las Cortes a través de las Comisiones de Postulación.

De igual manera, el entrevistado comentó que la lucha contra la corrupción se politizó, porque es el arma al alcance de acusados de corrupción, la forma de poder ganar el debate, porque en el ámbito procesal las evidencias no les favorecen.

“Han llevado el caso al ámbito político y mediático, de alguna manera han logrado su cometido. Han logrado ideologizar el debate y pintarlo como una persecución política, y esa es su única arma de defensa, pero en este tema hay que recordar que el Registro de la Propiedad es una entidad importantísima para resguardar la propiedad privada de los bienes inmuebles”, subrayó Ortiz.

EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, LÍDERES ANTICORRUPCIÓN

Para Edie Cux, de Acción Ciudadana (AC), el proceso destapado por la FECI y la CICIG en el RGP tiene realce por la vinculación de Sammy y José Manuel Morales; añadiendo que por ese motivo esto ha tenido implicaciones políticas, sin embargo, resalta que este ha continuado su curso.

El analista coincide con Ortiz, en que a partir de esta investigación la postura del Presidente cambió, y recordó que Morales apoyó una reforma al Sistema de Justicia junto a la CICIG y el Organismo Judicial (OJ), pero a partir de la develación del Caso se dio una separación que derivó en el intento de expulsión del Comisionado Iván Velásquez y los ataques posteriores a la Comisión.

“Hubo un cambio, el mismo Congreso y el Ejecutivo fueron de los organismos que lideraron ese retroceso. Hubo leyes que se plantearon que eran contrarias a la lucha contra la corrupción”, añadió el experto, quien mencionó, entre ellas, las reformas al Código Penal y al delito de financiamiento electoral ilícito.

“Incluso el cambio en el Ministerio Público ha significado, de alguna manera, algún estancamiento en las mismas investigaciones de la FECI. El apoyo hacia la FECI no ha sido contundente por parte de la actual Fiscal General”, afirmó Cux.

Por último, el integrante de AC concluyó que el juicio continúa y que se espera se aplique una sentencia acorde y apegada a la ley. “Sea quien sea que se apliquen las sanciones o también si no se logró probar (el delito) que sean los jueces los que tengan que resolver de conformidad a la ley”, puntualizó.

Para este reportaje se buscó la opinión de expertos de Asies y CIEN, sin embargo, al cierre de este no se obtuvo respuesta de algún representante de ambas organizaciones.

LOS HECHOS

La razón por las que están acusados los familiares del Presidente en las pesquisas, es la aparente simulación con facturas de la prestación y no realización de eventos contratados y cancelados por el RGP.
José Manuel Morales, presuntamente, fue el gestor de ese ilícito. Señalado por fraude, el hijo del Presidente supuestamente consiguió que el RGP le adjudicara un contrato a Fulanos y Menganos por 564 desayunos. Dichas raciones de comida no fueron entregadas, pero se cancelaron por un monto de Q90 mil, según las indagaciones del MP y CICIG.

Su tío, Sammy, acusado de fraude en forma continuada y lavado de dinero u otros activos, habría facilitado dos facturas a Morales Marroquín de la empresa Plus Espectáculos, de la cual era representante, por eventos que no prestaron en la institución dirigida en ese entonces por Anabella de León, pero que sí fueron pagados.

Una de ellas por un servicio de alimentación para 40 personas por casi Q90 mil, evento que, según las averiguaciones, no se prestó a la institución y la otra por la compra de 564 canastas navideñas a la misma empresa representada por Sammy, las cuales, detalla la Fiscalía no cumplía con las especificaciones requeridas; por ellas el RGP pagó Q90 mil.

En la misma carpeta judicial los investigadores describen la posible contratación anómala de 16 personas, sin que ellas prestaran servicios a esa entidad pública y por las que desembolsó Q3 millones en sueldos.

EN NÚMEROS

106 audiencias se han realizado en el juicio Botín RGP.

22 meses de desarrollo lleva el debate.

25 acusados

3 sentenciados

FRASES

“Este caso lo que provocó fue que el Presidente, que tampoco había sido el gran defensor de la lucha contra la corrupción, pero por lo menos no la entorpecía, se volvió uno de los elementos más importantes de ese proceso de reversión”
Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo.

“Sea quien sea que se apliquen las sanciones o también si no se logró probar (el delito) que sean los jueces los que tengan que resolver de conformidad a la ley”.
Eddie Cux, Acción Ciudadana.

Hoy se desarrolla la audiencia en la cual la FECI pedirá que se impongan penas en contra de 25 acusados en el Caso Botín RGP, entre ellos Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales.